La Secretaría de Gobernación aclaró ayer que el Gobierno federal no ha certificado a los candidatos de ningún partido político respecto de posibles vínculos con el crimen organizado.
Esa tarea no se encuentra dentro de sus atribuciones, señaló la dependencia a través de un comunicado.
Precisó que, a solicitud de las dirigencias de algunos institutos políticos, las autoridades federales han proporcionado información sobre candidatos.
No obstante, agregó, es responsabilidad de los propios partidos investigar a quienes aspiran a cargos de elección popular.
"El Gobierno no ha certificado a los candidatos de ningún partido político respecto a posibles vínculos con el crimen organizado, ya que ésta no es una atribución que se encuentre dentro de sus facultades.
"Son los partidos políticos los que deben llevar a cabo una investigación adecuada de sus propios candidatos a puestos de elección popular", precisó.
Asimismo, detalló que puso a disposición de los partidos que lo requieran, un protocolo de seguridad para integrarlo a sus procesos internos de evaluación.
"La Secretaría de Gobernación ha puesto a disposición del partido político que así lo solicite, un protocolo de seguridad, el cual consiste en una metodología que podría aplicar como parte de los procesos de evaluación de sus candidatos", abundó.
El pasado 20 de mayo, REFORMA publicó una entrevista con la presidenta del CEN priista, Beatriz Paredes, quien aseguró que los expedientes de candidatos tricolores fueron "verificados" por las autoridades federales para garantizar que estén libres de vínculos con actividades ilegales.
"Nuestros estatutos exigen que se nos presenten cartas de no antecedentes penales, señalan que tiene que acreditarse fama pública, siendo un concepto tan abstracto.
"En casos donde se presentaron denuncias o acusaciones, que eran más que un simple rumor descalificatorio, incluso hemos consultado a las autoridades.
"Tenemos los documentos que nos han emitido las autoridades. Nosotros no podemos juzgar más que lo que le corresponde a las autoridades competentes.
"Y en el manejo de los recursos somos estrictos y escrupulosos para el cumplimiento de las normas del IFE, para garantizar que no puedan darse donativos de ninguna especie que violen la normatividad electoral", dijo la presidenta tricolor.
Aunque no señaló nombres de los aspirantes que fueron sometidos a investigación, Paredes reconoció que uno de los "revisados" por las dependencias "responsables" fue el candidato del PRI al Gobierno de Colima, Mario Anguiano, cuyo hermano se encuentra preso, acusado de narcotráfico.
Esa tarea no se encuentra dentro de sus atribuciones, señaló la dependencia a través de un comunicado.
Precisó que, a solicitud de las dirigencias de algunos institutos políticos, las autoridades federales han proporcionado información sobre candidatos.
No obstante, agregó, es responsabilidad de los propios partidos investigar a quienes aspiran a cargos de elección popular.
"El Gobierno no ha certificado a los candidatos de ningún partido político respecto a posibles vínculos con el crimen organizado, ya que ésta no es una atribución que se encuentre dentro de sus facultades.
"Son los partidos políticos los que deben llevar a cabo una investigación adecuada de sus propios candidatos a puestos de elección popular", precisó.
Asimismo, detalló que puso a disposición de los partidos que lo requieran, un protocolo de seguridad para integrarlo a sus procesos internos de evaluación.
"La Secretaría de Gobernación ha puesto a disposición del partido político que así lo solicite, un protocolo de seguridad, el cual consiste en una metodología que podría aplicar como parte de los procesos de evaluación de sus candidatos", abundó.
El pasado 20 de mayo, REFORMA publicó una entrevista con la presidenta del CEN priista, Beatriz Paredes, quien aseguró que los expedientes de candidatos tricolores fueron "verificados" por las autoridades federales para garantizar que estén libres de vínculos con actividades ilegales.
"Nuestros estatutos exigen que se nos presenten cartas de no antecedentes penales, señalan que tiene que acreditarse fama pública, siendo un concepto tan abstracto.
"En casos donde se presentaron denuncias o acusaciones, que eran más que un simple rumor descalificatorio, incluso hemos consultado a las autoridades.
"Tenemos los documentos que nos han emitido las autoridades. Nosotros no podemos juzgar más que lo que le corresponde a las autoridades competentes.
"Y en el manejo de los recursos somos estrictos y escrupulosos para el cumplimiento de las normas del IFE, para garantizar que no puedan darse donativos de ninguna especie que violen la normatividad electoral", dijo la presidenta tricolor.
Aunque no señaló nombres de los aspirantes que fueron sometidos a investigación, Paredes reconoció que uno de los "revisados" por las dependencias "responsables" fue el candidato del PRI al Gobierno de Colima, Mario Anguiano, cuyo hermano se encuentra preso, acusado de narcotráfico.
Reforma, 26 de mayo.
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