El presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, fue cuestionado por los intereses específicos que defienden asesores jurídicos contratados por dicha entidad reguladora, que a la vez son consultores de Televisa.
La impugnación ocurrió durante la sesión extraordinaria del pleno de Cofetel, realizada el 27 de agosto pasado. Pero el acta de ese debate fue censurada en su versión pública. Al tener acceso al acta original, REFORMA pudo cotejar los párrafos omitidos por órdenes de Osuna.
En esa reunión el presidente de Cofetel propuso discutir un punto de acuerdo para definir "un criterio interno" para definir solicitudes de prórroga de vigencia de títulos de concesión presentadas de manera extemporánea.
Osuna solicitó no tomar de manera literal el ordenamiento de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) que obliga a los concesionarios a entregar en un plazo establecido sus solicitudes de prórroga y pidió considerar que no es condición "sine qua non" (obligatoria o necesaria) el cumplimiento de ese requisito.
Tanto el artículo 19 como el 27 de la LFT precisan que las solicitudes de prórroga se deben hacer "antes de que inicie la última quinta parte del plazo de la concesión".
Uno de los casos es justamente la solicitud de prórroga del Canal 46 para Cablevisión de Televisa, misma que fue entregada de manera extemporánea. La concesión de dicho canal vence en 2010 y la petición de extensión fue entregada apenas en abril de 2009, cuando, según la ley, debió haberse hecho a más tardar en diciembre de 2008.
Para argumentar la pertinencia de aprobar ese "criterio interno" de Cofetel, Osuna dijo, según el acta no censurada de la sesión y a la que tuvo acceso REFORMA, que la SCT envía a Comisión solicitudes de prórroga extemporáneas para conocer el punto de vista de la entidad reguladora; al enviarla a consulta, dice el presidente de Cofetel, se "infiere que la Secretaría cree que se puede refrendar, de lo contrario la propia Secretaría ya lo rechazaría inmediatamente".
Osuna añade que tradicionalmente se ha optado en las decisiones de prórrogas por "una interpretación de que es fatal". Sin embargo -y aquí viene una referencia que fue censurada en la versión pública- "se solicitaron opiniones a algunos especialistas que nos dan luz para que se puedan prorrogar, aplicando una sanción".
Durante la discusión, Luis Gerardo Canchola, director general de Defensa Jurídica de Cofetel, expresó sus comentarios sobre el documento de Osuna. Habló de un caso parecido que aún está en litigio administrativo y penal por una solicitud extemporánea de MVS. Advirtió que, si los criterios no tenían la fundamentación adecuada, "dará nuevos argumentos a MVS" para relanzar su impugnación y poner en entredicho a Cofetel. La opinión de Canchola fue extensa y en la versión original del acta ocupa 24 renglones. En la versión pública fue censurada.
Ante las dudas sobre el proyecto presentado por Osuna, el comisionado Gonzalo Martínez Pous preguntó por la autoría del mismo y Osuna respondió, según la versión original del acta, que "varias oficinas" lo habían redactado.
Dice el acta: "El Comisionado Martínez Pous comentó que cree que hay una confusión y conceptos que se entienden de forma incompleta y deficiente". Este cuestionamiento fue censurado en la versión pública del acta.
Lo que llamó la atención de algunos comisionados y de los propios responsables jurídicos de Cofetel, fue el hecho de que Osuna hubiera pedido asesoría legal externa cuando existe una Consejería y una Dirección Jurídica en la Comisión.
De ahí que Martínez Pous preguntara sobre la naturaleza de los documentos que acompañaban la propuesta de Osuna en referencia a los estudios jurídicos encargados a Antonio Cuéllar, quien fuera director jurídico de Televisa y actual litigante de amparos de la misma empresa, y a Federico González Luna, conocido consultor de la misma televisora.
El comisionado Martínez Pous insistió: "El documento (de Osuna) está confuso y revuelto, las opiniones emitidas (de Cuéllar y González Luna) las leyó con cuidado, si se incluyen en el expediente es porque se contrataron; si se dieron en cualquier otro tipo de colaboración pide que se le informe y habrá que ver si estos abogados tienen algún interés con algunos asuntos en trámite".
Dicha referencia de Martínez Pous también fue censurada en la versión pública del acta de la sesión del 27 de agosto.
La impugnación ocurrió durante la sesión extraordinaria del pleno de Cofetel, realizada el 27 de agosto pasado. Pero el acta de ese debate fue censurada en su versión pública. Al tener acceso al acta original, REFORMA pudo cotejar los párrafos omitidos por órdenes de Osuna.
En esa reunión el presidente de Cofetel propuso discutir un punto de acuerdo para definir "un criterio interno" para definir solicitudes de prórroga de vigencia de títulos de concesión presentadas de manera extemporánea.
Osuna solicitó no tomar de manera literal el ordenamiento de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) que obliga a los concesionarios a entregar en un plazo establecido sus solicitudes de prórroga y pidió considerar que no es condición "sine qua non" (obligatoria o necesaria) el cumplimiento de ese requisito.
Tanto el artículo 19 como el 27 de la LFT precisan que las solicitudes de prórroga se deben hacer "antes de que inicie la última quinta parte del plazo de la concesión".
Uno de los casos es justamente la solicitud de prórroga del Canal 46 para Cablevisión de Televisa, misma que fue entregada de manera extemporánea. La concesión de dicho canal vence en 2010 y la petición de extensión fue entregada apenas en abril de 2009, cuando, según la ley, debió haberse hecho a más tardar en diciembre de 2008.
Para argumentar la pertinencia de aprobar ese "criterio interno" de Cofetel, Osuna dijo, según el acta no censurada de la sesión y a la que tuvo acceso REFORMA, que la SCT envía a Comisión solicitudes de prórroga extemporáneas para conocer el punto de vista de la entidad reguladora; al enviarla a consulta, dice el presidente de Cofetel, se "infiere que la Secretaría cree que se puede refrendar, de lo contrario la propia Secretaría ya lo rechazaría inmediatamente".
Osuna añade que tradicionalmente se ha optado en las decisiones de prórrogas por "una interpretación de que es fatal". Sin embargo -y aquí viene una referencia que fue censurada en la versión pública- "se solicitaron opiniones a algunos especialistas que nos dan luz para que se puedan prorrogar, aplicando una sanción".
Durante la discusión, Luis Gerardo Canchola, director general de Defensa Jurídica de Cofetel, expresó sus comentarios sobre el documento de Osuna. Habló de un caso parecido que aún está en litigio administrativo y penal por una solicitud extemporánea de MVS. Advirtió que, si los criterios no tenían la fundamentación adecuada, "dará nuevos argumentos a MVS" para relanzar su impugnación y poner en entredicho a Cofetel. La opinión de Canchola fue extensa y en la versión original del acta ocupa 24 renglones. En la versión pública fue censurada.
Ante las dudas sobre el proyecto presentado por Osuna, el comisionado Gonzalo Martínez Pous preguntó por la autoría del mismo y Osuna respondió, según la versión original del acta, que "varias oficinas" lo habían redactado.
Dice el acta: "El Comisionado Martínez Pous comentó que cree que hay una confusión y conceptos que se entienden de forma incompleta y deficiente". Este cuestionamiento fue censurado en la versión pública del acta.
Lo que llamó la atención de algunos comisionados y de los propios responsables jurídicos de Cofetel, fue el hecho de que Osuna hubiera pedido asesoría legal externa cuando existe una Consejería y una Dirección Jurídica en la Comisión.
De ahí que Martínez Pous preguntara sobre la naturaleza de los documentos que acompañaban la propuesta de Osuna en referencia a los estudios jurídicos encargados a Antonio Cuéllar, quien fuera director jurídico de Televisa y actual litigante de amparos de la misma empresa, y a Federico González Luna, conocido consultor de la misma televisora.
El comisionado Martínez Pous insistió: "El documento (de Osuna) está confuso y revuelto, las opiniones emitidas (de Cuéllar y González Luna) las leyó con cuidado, si se incluyen en el expediente es porque se contrataron; si se dieron en cualquier otro tipo de colaboración pide que se le informe y habrá que ver si estos abogados tienen algún interés con algunos asuntos en trámite".
Dicha referencia de Martínez Pous también fue censurada en la versión pública del acta de la sesión del 27 de agosto.
Roberto Zamarripa, Reforma, 25 de noviembre.
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