“Es una manera de rendirle homenaje a Zapata Tamayo”, dijo el disidente Guillermo Fariñas, quien aseguró vía telefónica a la agencia Associated Press haber comenzado una huelga de hambre y sed desde su casa, el pasado 24 de febrero.
Fariñas, un disidente que vive en la provincia de Villa Clara, a unos 300 kilómetros de La Habana, denunció que “Zapata Tamayo fue dejado morir. Es un mensaje a la disidencia”.
El huelguista aseguró que sólo levantará la medida si las autoridades liberan a 33 presos políticos cuyo estado de salud es malo. “Si no, me moriré con las botas puestas”, agregó.
En otras ocasiones Fariñas ya realizó huelgas de hambre. Según sus cálculos, “esta es la huelga 23... desde 1995”.
La última de sus huelgas fue en 2006, para exigir el acceso sin restricciones a internet para todos los cubanos, según fuentes de la disidencia. Por aquel entonces las autoridades lo mantuvieron con vida alimentándolo por vía intravenosa.
Además de él, se declararon en huelga de hambre los presos Eduardo Díaz, Diosdado González, Fidel Suárez y Nelson Molinet. Todos están encarcelados en Pinar del Río, en el oeste del país y forman parte, al igual que Zapata, de un grupo de 75 opositores detenidos en marzo de 2003 y acusados de ser “mercenarios” al servicio de EU. De ellos, 52 siguen entre rejas.
La Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDDyRN) dijo que los cuatro presos aseguran que rechazarán los alimentos sólidos.
“Hicimos llegar nuestra preocupación a sus familiares”, comentó el líder de la comisión, Elizardo Sánchez, cuya organización suele rechazar estas medidas que ponen en peligro la vida de los opositores pues el gobierno “no suele responder” ante ellas, comentó.
La CIDH condenó y lamentó “profundamente” la muerte de Zapata Tamayo, enterrado el jueves bajo un fuerte dispositivo policial en su localidad natal, la oriental Banes.
Asimismo, la CIDH recomendó al gobierno cubano liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos de la llamada “primavera negra” de 2003, y que declare nulas las condenas en su contra por basarse en leyes que imponen restricciones ilegítimas a sus derechos humanos.
En Miami, grupos del exilio cubano ocuparon durante varios minutos el Consulado de Brasil, en protesta por lo que llamaron “complicidad” del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva con el gobierno de La Habana tras la muerte de Tamayo, por no haberse pronunciado.
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