"(En Venezuela) se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política", expone el texto de casi 300 páginas, el cual fue titulado "Democracia y Derechos Humanos en Venezuela".
"(El Estado no ha) garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del Gobierno (del Presidente Hugo Chávez)", agrega el informe emitido en la capital estadounidense.
Como ejemplos, la CIDH, ente de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló la inhabilitación por parte de la Contraloría General de 260 candidatos, la mayoría opositores, para las elecciones regionales de 2008, y que a varios funcionarios electos en esos comicios les fueron restringidas sus funciones.
Asimismo, constató "un patrón de impunidad" en casos de violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos, indígenas y personas que participaron en manifestaciones.
No obstante, el órgano también destacó los logros del Gobierno. La CIDH indicó que pudo comprobar la erradicación del analfabetismo, la reducción de la pobreza y un mayor acceso de los sectores más vulnerables a la salud y a otros servicios básicos.
La Comisión señaló que elaboró el informe sin haber podido realizar alguna visita de observación a Venezuela debido a la negativa del Gobierno a otorgar su anuencia.
Caracas no le permite la entrada a la Comisión desde 2002, alegando que el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, reconoció al Gobierno de facto que se instaló por 48 horas durante el fallido golpe militar de abril de ese año contra Chávez.
Por su parte, Venezuela rechazó el documento, el cual calificó de "difamación".
Germán Saltrón, el representante de la nación sudamericana ante la CIDH, dijo que dicha entidad basó sus investigaciones en denuncias presentadas por ONGs cuyas únicas pruebas, aseguró, son reseñas de los medios de comunicación que están en contra de Chávez.
Sin embargo, Liliana Ortega, directora de una organización local, señaló que Venezuela no puede rechazar el texto, ya que el Estado participó con información para el mismo.
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