El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), realizado entre 2007 y 2008, no retrata la situación actual de los refugiados en México, consideró la coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Katya Somohano.
En entrevista, la funcionaria señaló que el Gobierno federal ha emprendido acciones para garantizar la integración de las personas refugiadas, tales como otorgarles Seguro Popular, facilidades para revalidar estudios y capacitación para el trabajo.
"Estamos en 2010, es un informe que metodológicamente ya está rebasado en mucho, no sé si se hizo esa precisión pero yo considero importante hacerla, porque algunos de los datos que arroja nos han marcado pautas para poder trabajar en ese sentido. Hemos avanzado en rubros muy importantes como el tema del acceso a la educación, el tema de la salud", dijo la funcionaria a REFORMA Según ACNUR, la población refugiada en México enfrenta dificultades para acceder a los servicios de salud, obtener empleo, revalidar sus estudios y adquirir vivienda.
Somohano destacó que a mediados de 2009, la Comar firmó dos convenios de colaboración, uno con la Secretaría de Salud para garantizar la afiliación al Seguro Popular de todos los refugiados, y el otro con la Administración de Servicios Educativos Básicos del DF, para garantizar el acceso a la educación, aún sin contar con los documentos requeridos.
Además, dijo la funcionaria, el organismo trabaja con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP para facilitar la revalidación de estudios y el acceso a educación superior.
"(Queremos) garantizar que todos los refugiados que tienen educación profesional trunca o que quieran ingresar a educación profesional puedan hacerlo igual que en la educación básica, con dispensa de documentos o de requisitos que muchas veces sabemos que hace complicado que un refugiado, por sus características, presente.
"Estamos muy avanzados en este convenio, esperamos que en un par de meses se pueda firmar", mencionó.
Aclaró que pese a que el convenio no está en vigor todavía, ya se implementan acciones de intervención en los casos en los que un refugiado no puede acceder a continuar con sus estudios superiores.
Somohano señaló también que la Comar trabaja de manera conjunta con la Secretaría del Trabajo, a través de los Centros de Capacitación para el Trabajo, para dar a los refugiados capacitación para el empleo.
"De esta manera pueden adquirir las habilidades que puedan usar para su desempeño, para volverse autosuficientes e integrarse exitosamente al País", indicó.
Otra de las acciones, enfatizó la funcionaria, es que desde el año pasado, el reglamento de la Ley de Nacionalidad considera el derecho a la naturalización de las personas refugiadas.
Avances en ley
La coordinadora del organismo que depende de Gobernación reconoció que el marco jurídico sobre refugio, contenido en Ley General de Población (LGP) no es el adecuado, y en ese sentido, consideró que la iniciativa de ley, que está por presentarse al Congreso de la Unión, es vanguardista.
"La LGP ya se quedó un poco atrás con referencia a todas estas buenas prácticas que hemos venido haciendo a lo largo de estos años.
"Lo que queremos es integrarlas en un ordenamiento especial y yo puedo atreverme a decir que estamos hablando de una ley de vanguardia con relación a otros países de América Latina", mencionó Somohano.
Respecto a los extranjeros que se "cansan" durante el proceso para ser reconocidos como refugiados, consideró que éstos no tienen necesidades legítimas de protección.
El lunes, el representante de ACNUR en México, Fernando Protti Alvarado, dijo que algunos solicitantes de asilo pueden pasar hasta seis meses o más en una estación migratoria, lo que provoca que algunos de ellos desistan del proceso.
"No creo que los tiempos sean una barrera para que la gente desista o abandone los procedimientos. Más bien creemos que cuando hay una solicitud legítima y hay una necesidad legítima de protección, la gente entiende que hay un procedimiento y hay disposiciones aplicables y en este caso esperan la resolución", sostuvo Somohano.
En entrevista, la funcionaria señaló que el Gobierno federal ha emprendido acciones para garantizar la integración de las personas refugiadas, tales como otorgarles Seguro Popular, facilidades para revalidar estudios y capacitación para el trabajo.
"Estamos en 2010, es un informe que metodológicamente ya está rebasado en mucho, no sé si se hizo esa precisión pero yo considero importante hacerla, porque algunos de los datos que arroja nos han marcado pautas para poder trabajar en ese sentido. Hemos avanzado en rubros muy importantes como el tema del acceso a la educación, el tema de la salud", dijo la funcionaria a REFORMA Según ACNUR, la población refugiada en México enfrenta dificultades para acceder a los servicios de salud, obtener empleo, revalidar sus estudios y adquirir vivienda.
Somohano destacó que a mediados de 2009, la Comar firmó dos convenios de colaboración, uno con la Secretaría de Salud para garantizar la afiliación al Seguro Popular de todos los refugiados, y el otro con la Administración de Servicios Educativos Básicos del DF, para garantizar el acceso a la educación, aún sin contar con los documentos requeridos.
Además, dijo la funcionaria, el organismo trabaja con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP para facilitar la revalidación de estudios y el acceso a educación superior.
"(Queremos) garantizar que todos los refugiados que tienen educación profesional trunca o que quieran ingresar a educación profesional puedan hacerlo igual que en la educación básica, con dispensa de documentos o de requisitos que muchas veces sabemos que hace complicado que un refugiado, por sus características, presente.
"Estamos muy avanzados en este convenio, esperamos que en un par de meses se pueda firmar", mencionó.
Aclaró que pese a que el convenio no está en vigor todavía, ya se implementan acciones de intervención en los casos en los que un refugiado no puede acceder a continuar con sus estudios superiores.
Somohano señaló también que la Comar trabaja de manera conjunta con la Secretaría del Trabajo, a través de los Centros de Capacitación para el Trabajo, para dar a los refugiados capacitación para el empleo.
"De esta manera pueden adquirir las habilidades que puedan usar para su desempeño, para volverse autosuficientes e integrarse exitosamente al País", indicó.
Otra de las acciones, enfatizó la funcionaria, es que desde el año pasado, el reglamento de la Ley de Nacionalidad considera el derecho a la naturalización de las personas refugiadas.
Avances en ley
La coordinadora del organismo que depende de Gobernación reconoció que el marco jurídico sobre refugio, contenido en Ley General de Población (LGP) no es el adecuado, y en ese sentido, consideró que la iniciativa de ley, que está por presentarse al Congreso de la Unión, es vanguardista.
"La LGP ya se quedó un poco atrás con referencia a todas estas buenas prácticas que hemos venido haciendo a lo largo de estos años.
"Lo que queremos es integrarlas en un ordenamiento especial y yo puedo atreverme a decir que estamos hablando de una ley de vanguardia con relación a otros países de América Latina", mencionó Somohano.
Respecto a los extranjeros que se "cansan" durante el proceso para ser reconocidos como refugiados, consideró que éstos no tienen necesidades legítimas de protección.
El lunes, el representante de ACNUR en México, Fernando Protti Alvarado, dijo que algunos solicitantes de asilo pueden pasar hasta seis meses o más en una estación migratoria, lo que provoca que algunos de ellos desistan del proceso.
"No creo que los tiempos sean una barrera para que la gente desista o abandone los procedimientos. Más bien creemos que cuando hay una solicitud legítima y hay una necesidad legítima de protección, la gente entiende que hay un procedimiento y hay disposiciones aplicables y en este caso esperan la resolución", sostuvo Somohano.
Silvia Garduño, Reforma, 25 de febrero.
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