La Secretaría Gobernación aseveró que en Ciudad Juárez las fuerzas federales han logrado “fracturar y desmantelar redes operativas, logísticas y financieras de la delincuencia organizada”.
Por segundo día consecutivo emitió un comunicado en el que destacó los resultados que, según cifras oficiales, se han obtenido en el combate al narcotráfico y reiteró que esa ciudad será reforzada con medidas integrales.
Insistió en que el Estado utilizará toda su fuerza para someter a los delincuentes y a quien ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos o de los propios agentes de la autoridad.
Dijo que el gobierno federal ha intervenido en Ciudad Juárez, donde las actividades del crimen organizado son una amenaza directa en detrimento de las instituciones. Para ello, añadió, se trabaja con la sociedad mediante la previsión o resolución de conflictos por vías institucionales.
Las acciones del gobierno federal en Ciudad Juárez “están orientadas a fortalecer la presencia de la autoridad pública y a desarticular la capacidad operativa de las bandas criminales, así como a cerrar los espacios de impunidad”, dijo Gobernación.
En tanto, el secretario de la Reforma Agraria y coordinador de las acciones del gobierno federal en Juárez, Abelardo Escobar Prieto, sostuvo que en aquella ciudad hay una comunidad abandonada por las autoridades y corrupción en todos los órdenes; ha habido mucha desatención y no se han cumplido responsabilidades primarias en delitos del orden común y federal.
Entrevistado en un acto del Consejo Agrario Permanente, consideró que es preciso reconstruir el estado de derecho en Chihuahua y aseguró que la situación en Juárez no es tan drástica como afirmó la secretaria de seguridad interna de Estados Unidos, Janet Napolitano.
Explicó que, debido a la “desatención” de los tres niveles de gobierno a los juarenses, entre las primeras acciones que se pondrán en marcha antes de cien días están dar empleo temporal a jóvenes que no estudian ni trabajan; incorporar a 270 mil personas a programas de seguridad social; recuperar los espacios públicos y ampliar el esquema de escuela segura a más de mil instituciones educativas.
Por segundo día consecutivo emitió un comunicado en el que destacó los resultados que, según cifras oficiales, se han obtenido en el combate al narcotráfico y reiteró que esa ciudad será reforzada con medidas integrales.
Insistió en que el Estado utilizará toda su fuerza para someter a los delincuentes y a quien ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos o de los propios agentes de la autoridad.
Dijo que el gobierno federal ha intervenido en Ciudad Juárez, donde las actividades del crimen organizado son una amenaza directa en detrimento de las instituciones. Para ello, añadió, se trabaja con la sociedad mediante la previsión o resolución de conflictos por vías institucionales.
Las acciones del gobierno federal en Ciudad Juárez “están orientadas a fortalecer la presencia de la autoridad pública y a desarticular la capacidad operativa de las bandas criminales, así como a cerrar los espacios de impunidad”, dijo Gobernación.
En tanto, el secretario de la Reforma Agraria y coordinador de las acciones del gobierno federal en Juárez, Abelardo Escobar Prieto, sostuvo que en aquella ciudad hay una comunidad abandonada por las autoridades y corrupción en todos los órdenes; ha habido mucha desatención y no se han cumplido responsabilidades primarias en delitos del orden común y federal.
Entrevistado en un acto del Consejo Agrario Permanente, consideró que es preciso reconstruir el estado de derecho en Chihuahua y aseguró que la situación en Juárez no es tan drástica como afirmó la secretaria de seguridad interna de Estados Unidos, Janet Napolitano.
Explicó que, debido a la “desatención” de los tres niveles de gobierno a los juarenses, entre las primeras acciones que se pondrán en marcha antes de cien días están dar empleo temporal a jóvenes que no estudian ni trabajan; incorporar a 270 mil personas a programas de seguridad social; recuperar los espacios públicos y ampliar el esquema de escuela segura a más de mil instituciones educativas.
Fabiola Martínez y Patricia Muñoz, La Jornada, 26 de febrero.
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