La violencia que grupos criminales ejercen contra migrantes centroamericanos que transitan por México continúa sin ser abordada por el gobierno federal, que no ha sido capaz de instrumentar políticas públicas adecuadas, no ha logrado acabar con la corrupción de servidores públicos que se coluden con la delincuencia ni ha conseguido incidir para terminar con el “acoso” contra agentes de la Iglesia católica y agrupaciones que abogan por las garantías de este sector, aseguraron la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria ejecutiva de la DPMH, dependiente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), indicó en entrevista que mientras no se vean “acciones operativas” que indiquen que se están adoptando medidas para impedir la violación de los derechos de migrantes, no habrá avance y todo seguirá en el terreno declarativo y en la firma de convenios “que no van más allá de ser documentos escritos que carecen de acciones operativas” para abordar la situación.
Destacó que desde la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas, en agosto pasado, la situación no ha cambiado, y demandó a las autoridades “investigar las denuncias existentes, los datos sobre la ubicación de casas de seguridad y actuar contra la impunidad y la corrupción”, así como detener la “presión y acoso que viven más de 30 agentes de la pastoral de migrantes, por parte de la delincuencia común, de la organizada y de algunos servidores públicos a los que les molesta que se denuncien sus fechorías porque están en contubernio con quienes cometen abusos contra migrantes”.
Aparte, Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, afirmó que la inexistencia de una política estructurada en este tema ha provocado incluso la desaparición de diversas instancias oficiales, lo cual sigue dejando en la indefensión a millones de connacionales que trabajan sin documentos en Estados Unidos y otros países.
“Tuvo que darse la información aterradora sobre los más de 20 mil migrantes secuestrados este año para que el tema se visibilizara. Urge una política de Estado que frene la violencia en sus diferentes formas, sobre todo la de género”.
Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano, subrayó que desde hace por lo menos cinco años “es evidente que hay complicidad entre las autoridades y grupos de delincuencia organizada”; agregó que decir que el gobierno no tiene elementos para combatir el secuestro de migrantes es una falacia, “porque en cualquier lugar del sureste o Tamaulipas, todo el mundo sabe quién, cómo y cuándo” ocurren estos actos.
Sobre lo acordado por los gobiernos de México y Honduras, los que anunciaron la creación de un protocolo de comunicación y acción para dar seguimiento a la problemática de los migrantes y la integración de un grupo de alto nivel que promoverá campañas de prevención, Gutiérrez Valderrama dijo que es positivo que los gobiernos centroamericanos muestren preocupación por sus connacionales, pero insistió en que lo que importa son los hechos.
“Cuando de verdad el secuestro de migrantes no exista, pasen por México sin ser masacrados y torturados, podremos decir bienvenidos todos los convenios”.
Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria ejecutiva de la DPMH, dependiente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), indicó en entrevista que mientras no se vean “acciones operativas” que indiquen que se están adoptando medidas para impedir la violación de los derechos de migrantes, no habrá avance y todo seguirá en el terreno declarativo y en la firma de convenios “que no van más allá de ser documentos escritos que carecen de acciones operativas” para abordar la situación.
Destacó que desde la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas, en agosto pasado, la situación no ha cambiado, y demandó a las autoridades “investigar las denuncias existentes, los datos sobre la ubicación de casas de seguridad y actuar contra la impunidad y la corrupción”, así como detener la “presión y acoso que viven más de 30 agentes de la pastoral de migrantes, por parte de la delincuencia común, de la organizada y de algunos servidores públicos a los que les molesta que se denuncien sus fechorías porque están en contubernio con quienes cometen abusos contra migrantes”.
Aparte, Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, afirmó que la inexistencia de una política estructurada en este tema ha provocado incluso la desaparición de diversas instancias oficiales, lo cual sigue dejando en la indefensión a millones de connacionales que trabajan sin documentos en Estados Unidos y otros países.
“Tuvo que darse la información aterradora sobre los más de 20 mil migrantes secuestrados este año para que el tema se visibilizara. Urge una política de Estado que frene la violencia en sus diferentes formas, sobre todo la de género”.
Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano, subrayó que desde hace por lo menos cinco años “es evidente que hay complicidad entre las autoridades y grupos de delincuencia organizada”; agregó que decir que el gobierno no tiene elementos para combatir el secuestro de migrantes es una falacia, “porque en cualquier lugar del sureste o Tamaulipas, todo el mundo sabe quién, cómo y cuándo” ocurren estos actos.
Sobre lo acordado por los gobiernos de México y Honduras, los que anunciaron la creación de un protocolo de comunicación y acción para dar seguimiento a la problemática de los migrantes y la integración de un grupo de alto nivel que promoverá campañas de prevención, Gutiérrez Valderrama dijo que es positivo que los gobiernos centroamericanos muestren preocupación por sus connacionales, pero insistió en que lo que importa son los hechos.
“Cuando de verdad el secuestro de migrantes no exista, pasen por México sin ser masacrados y torturados, podremos decir bienvenidos todos los convenios”.
Carolina Gómez y Fernando Camacho, La Jornada, 30 de diciembre.
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