El Ministerio de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática “verbal” a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, para exigir a las autoridades mexicanas una “investigación a fondo” y castigar a los responsables de plagiar alrededor de 50 migrantes que viajaban en tren por Oaxaca.
“Guatemala condena vehementemente éstos y cualquier otro hecho que violente los derechos fundamentales del ser humano y ponga en riesgo la integridad física y moral de las personas inmigrantes sin importar su situación migratoria”, expresa la nota.
En la nota diplomática, Guatemala pide a México crear una fiscalía especializada en delitos cometidos contra migrantes, pues considera que los “actos deleznables” como los secuestros de extranjeros sin documentos “evidencian una escalada de violencia en contra de la comunidad migrante”.
La red consular guatemalteca entrevistó a “varios” guatemaltecos que pudieron escapar del secuestro ocurrido el 16 de diciembre, quienes “proporcionaron datos de suma importancia para la investigación”.
Una vez que el padre Alejandro Solalinde Guerra denunció el secuestro del 16 de diciembre, Guatemala emitió, con Honduras y El Salvador, un comunicado para condenar la actitud del Instituto Nacional de Migración mexicano, que en principio rechazó que la desaparición de estos indocumentados se tratara de secuestros. Guatemala es el primero de los tres en formalizar su condena a través de un mecanismo de protesta diplomático.
El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco informó que en el primer trimestre de 2011 se instalará en Oaxaca un consulado, con el cual buscará garantizar la debida atención a sus connacionales.
Las autoridades guatemaltecas activaron una línea telefónica (2410-0102) de la Dirección de Asuntos Consulares, para que todas aquellas personas que consideren que sus familiares pudieran estar en este grupo de secuestrados se comuniquen y puedan recibir el apoyo consular necesario.
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