Miles de inmigrantes indocumentados pendientes de deportación han quedado en un limbo legal en las ciudades estadunidenses de Denver y Baltimore, tras un novedoso y arriesgado programa de revisión de sus casos.
El presidente Barack Obama recordó el martes en su discurso sobre el estado de la Unión que no se quedaría de brazos cruzados ante la parálisis legislativa en el Congreso, y la política migratoria ha sido uno de los campos en los que ha tomado la iniciativa.
El Departamento de Seguridad Interna anunció en agosto pasado que iba a revisar 300 mil casos pendientes de deportación y que iba a utilizar “poderes discrecionales” para decidir, cuando así lo estimara, el cierre administrativo de esos casos.
Denver y Baltimore fueron las dos ciudades escogidas por el departamento para llevar a cabo sendos programas piloto, que se cerraron hace diez días.
“En Denver revisamos 7 mil 923 casos, de esos casos 16% fueron identificados como individuos a los que se les puede ofrecer la discreción” y cerrar sus casos, explicó a la AFP una fuente del DHS que pidió el anonimato.
“En Baltimore, 3 mil 759 casos fueron revisados, de ellos, 10% fueron elegidos también para esa discreción”, añadió la fuente.
En total, poco más de mil 500 indocumentados no correrán en principio el riesgo de ser deportados, pero tampoco tendrán acceso a ningún alivio legal a su situación. No pueden trabajar, aunque pueden pedir un permiso.
Pero esa cifra aún puede variar, reconocen las fuentes consultadas, a causa de la incertidumbre que rodea su situación legal.
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