El PRI presentó un paquete de medidas para intentar evitar que sus candidatos presidencial y a cargos de elección federal —con el pendiente de aplicarlo a nivel estatal y municipal— sean infiltrados con recursos provenientes de la delincuencia organizada.
Entre las propuestas está la creación de una comisión interdisciplinaria de vigilancia del financiamiento de sus campañas, el compromiso de realizar auditorías aleatorias, y de denunciar a sus aspirantes en caso de detectar el uso de recursos ilícitos.
La revisión de declaración patrimonial, la exigencia de un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, se manifieste la inexistencia de vínculos con la delincuencia organizada y la obligación de informar sobre proveedores de campaña, serán requisitos exigidos incluso al abanderado presidencial Enrique Peña Nieto.
El proyecto fue presentado por el dirigente nacional tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, quien aclaró que el PRI actuará con base en pruebas y documentos, no rumores.
El plan será sometido mañana a la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI, para que las medidas sean obligatorias en todas las campañas federales, con el exhorto para extenderlas a los estados con elección este año.
El director jurídico del PRI, Raúl Cervantes, dijo que se trata de una actualización del intento de pacto entre partidos y el IFE en 2009. De ahí que los priístas consideren que el proyecto se extienda a todos los partidos.
El documento prevé dos apartados, uno de acciones a seguir por candidatos y partido y otro, un acuerdo para la creación de la Comisión de Vigilancia, misma que dará seguimiento para el cumplimiento de las propuestas.
Esa comisión sería interdisciplinaria e integrada por los responsables de finanzas, contraloría, asuntos jurídicos, acción electoral y presupuesto y fiscalización, todos del PRI. Esa instancia deberá coordinarse con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales(Fepade), según se propone.
El PRI se compromete a auditar 25 campañas distritales extras a las que serán revisadas por el IFE, certificar que sus precandidatos no enfrenten averiguaciones previas y a coordinarse con el IFE, la Procuraduría General de la República y la Fepade.
En el caso de que existan “pruebas fehacientes” de que recibe o tiene vínculos criminales, se negará o cancelará el registro y se denunciará a la autoridad, según la propuesta.
Tras conocer el acuerdo, el ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y responsable del área de fiscalización, Eduardo Huchim May, estableció que el documento es “muy bueno” y que de concretarse, podría dar transparencia a las campañas priístas.
“Es un buen acuerdo en este escenario en el que por una parte hay una acción insuficiente del Estado en el aspecto de seguir la pista del dinero y por otra parte, un blindaje absoluto es imposible, no sólo para las campañas, sino para cualquier actividad”.
Siempre “hay una posibilidad de que se infiltren recursos ilícitos”, pues el Estado no ha diseñado instrumentos que eviten esa contaminación. En ese sentido “este acuerdo es bueno si se cumple”, porque no existe en ningún partido una comisión multidisciplinaria que vigile los recursos de sus campañas, con expertos en materia financiera y a los que se ordena establecer contacto con la Fepade.
El ex consejero del Instituto Federal Electoral, Arturo Sánchez, quien es experto en materia de fiscalización, valoró el esfuerzo del PRI, pues su plan “no es nada más para presentar informes al IFE, sino para una buena administración de recursos”.
Aunque no se trata de planteamientos nuevos y otros partidos han hecho esfuerzos y propuestas, se trata de una decisión “positiva”, dijo.
Carina García, Reforma, 17 de enero.
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