La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y la Procuraduría General de la República (PGR) lamentaron ayer que, en el contexto de la reforma de justicia penal, los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados no hayan aprobado la realización de cateos o allanamientos sin mandamientos judiciales, y aunque ambas dependencias reconocieron que “la legislación aprobada tiene grandes avances, también tiene grandes cuestionamientos”.
Lo anterior, luego de que el titular de la SSP federal, Genaro García Luna, y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, dieran a conocer sus puntos de vista respecto de la negativa de los legisladores a aprobar que los policías pudieran realizar el allanamiento de una vivienda sin que mediara la aprobación de un juez.
Los cateos no eran el fondo buscado
Genaro García Luna sostuvo por su parte que el fondo de la iniciativa en materia judicial y de seguridad pública no estaba centrado en los cateos sin mandamiento judicial, y aseguró que “la reforma en cuestión tiene datos muy importantes en términos de la parte de desarrollo policial, ya que trae consigo modificaciones importantes en el tema institucional de policía”.
El funcionario federal agregó que los cambios aprobados ayer por los legisladores “da pie a una ley secundaria, la de desarrollo policial, donde se contempla a detalle el tema de ingreso, permanencia y desarrollo de los agentes” de las diversas corporaciones.
En cuanto a la negativa de los diputados a aprobar cateos sin orden judicial, consideró que “lo que se planteaba era que en las leyes secundarias se pudiera precisar el alcance de la operación policial; buscábamos tener la definición exacta de hasta dónde puede un policía tener facultades para poder, en flagrancia, entrar a un domicilio”.
Al igual que García Luna, el subprocurador de la PGR señaló que si bien se tiene “una reforma en materia de justicia muy moderna, muy adecuada, con grandes avances”, la propuesta que este martes se desechó en el Palacio Legislativo de San Lázaro era sólo para casos de excepción y “estaba encaminada directamente a la plena protección de las víctimas y de la sociedad toda”, pues estaba relacionada con delitos tales como “aquellos casos en donde estaba a punto de cometerse una violación sexuañl, se iba a cometer un homicidio o incluso se tenía secuestrada a una persona”.
En suspenso, eficacia y contundencia
Finalmente, según José Luis Santiago Vasconcelos, “lo que pretendía esta reforma judicial era que la policía contara con eficacia, contundencia, actuara con respeto irrestricto a los derechos humanos, y tocar un tema que todos los días sucede y que volvemos a soslayar”, porque, agregó, hoy hay que consultar la jurisprudencia “para que se interprete si es válido o no ingresar a un domicilio cuando están a punto de matar a algún ciudadano”.
Lo anterior, luego de que el titular de la SSP federal, Genaro García Luna, y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, dieran a conocer sus puntos de vista respecto de la negativa de los legisladores a aprobar que los policías pudieran realizar el allanamiento de una vivienda sin que mediara la aprobación de un juez.
Los cateos no eran el fondo buscado
Genaro García Luna sostuvo por su parte que el fondo de la iniciativa en materia judicial y de seguridad pública no estaba centrado en los cateos sin mandamiento judicial, y aseguró que “la reforma en cuestión tiene datos muy importantes en términos de la parte de desarrollo policial, ya que trae consigo modificaciones importantes en el tema institucional de policía”.
El funcionario federal agregó que los cambios aprobados ayer por los legisladores “da pie a una ley secundaria, la de desarrollo policial, donde se contempla a detalle el tema de ingreso, permanencia y desarrollo de los agentes” de las diversas corporaciones.
En cuanto a la negativa de los diputados a aprobar cateos sin orden judicial, consideró que “lo que se planteaba era que en las leyes secundarias se pudiera precisar el alcance de la operación policial; buscábamos tener la definición exacta de hasta dónde puede un policía tener facultades para poder, en flagrancia, entrar a un domicilio”.
Al igual que García Luna, el subprocurador de la PGR señaló que si bien se tiene “una reforma en materia de justicia muy moderna, muy adecuada, con grandes avances”, la propuesta que este martes se desechó en el Palacio Legislativo de San Lázaro era sólo para casos de excepción y “estaba encaminada directamente a la plena protección de las víctimas y de la sociedad toda”, pues estaba relacionada con delitos tales como “aquellos casos en donde estaba a punto de cometerse una violación sexuañl, se iba a cometer un homicidio o incluso se tenía secuestrada a una persona”.
En suspenso, eficacia y contundencia
Finalmente, según José Luis Santiago Vasconcelos, “lo que pretendía esta reforma judicial era que la policía contara con eficacia, contundencia, actuara con respeto irrestricto a los derechos humanos, y tocar un tema que todos los días sucede y que volvemos a soslayar”, porque, agregó, hoy hay que consultar la jurisprudencia “para que se interprete si es válido o no ingresar a un domicilio cuando están a punto de matar a algún ciudadano”.
Nota de Gustavo Castillo García, La Jornada, 27 de febrero.
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