El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, manifestó que “es un avance” el que la Cámara de Diputados haya suprimido de la reforma de justicia penal y seguridad pública el párrafo que “autorizaba a la policía allanar domicilios sin orden judicial”.
Sin embargo, el ombudsman nacional advirtió que los legisladores aprobaron otros temas de esa reforma que violentan las garantías individuales y los derechos humanos, como son “el constitucionalizar el arraigo y flexibilizar los requisitos para expedir las órdenes de aprehensión”, entre otros.
Abundó que lo deseable es que, una vez que la Cámara de Diputados suprimió de esa reforma un tema tan controversial como el allanamiento de los domicilios sin orden judicial, el Senado de la República pudiera hacer una revisión integral de esa reforma.
No obstante, dijo: “Me gustaría que se hiciera una revisión de los temas que han sido cuestionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la propia CNDH, por juristas y organizaciones defensoras de las garantías individuales, pero no creo que lo hagan, aunque sería lo deseable”.
Soberanes manifestó: “Si no es posible que en la reforma que revisará el Senado se hagan los cambios que se requieren, ojalá en la legislación secundaria se puedan arreglar”.
Previamente, el ombudsman nacional había comentado en entrevista –realizada en la SCJN después de presentar su informe de labores– que de concretarse la reforma tal como estaba, es decir, con el allanamiento sin orden judicial, “el domicilio deja de ser, como decía José María Morelos en Los Sentimientos de la Nación, inviolable, y pasa a ser parte de la vía pública; cualquier policía se va a poder meter a nuestras casas”.
También expuso que “es una pena que se constitucionalice el arraigo, algo que la propia Suprema Corte de Justicia había declarado inconstitucional y es una pena que ahora los requisitos para expedir las órdenes de aprehensión sean tan nimios”.
La tradición de inviolabilidad del domicilio, “que costó sangre a nuestros antepasados, y como decía Morelos, es algo sagrado, pues ahora resulta que todo eso no se vale y se lleva la violación de los derechos humanos a la Constitución”, manifestó el titular de la CNDH, antes de que la cámara suprimiera el párrafo que posibilitaba los allanamientos.
En tanto, el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, manifestó que el hecho de que la Cámara de Diputados haya eliminado el párrafo que permitía el allanamiento de los domicilios sin orden judicial es un ejemplo de que sí se puede hacer una revisión integral de esa reforma.
El dirigente de la Red Todos los Derechos para Todos consideró que “sin duda el haber eliminado ese punto demuestra que era contrario a derechos humanos, porque podría abrir una enorme posibilidad a abusos e irrumpir en un espacio que debiera tener la máxima protección”.
Recordó que ése no fue el único asunto que las organizaciones de defensa de derechos humanos impugnaron; quedan todavía asuntos como el arraigo, el tema de la ampliación de facultades al Ministerio Público, la serie de delitos que posibilitan aún la prisión preventiva y el régimen de excepción para la delincuencia organizada, entre otros.
Cortez insistió en que si la Cámara de Diputados modificó un punto controversial, eso demuestra que “es posible que se modifique la reforma; el Senado debiera abrir el tema y revisar otros asuntos para garantizar el respeto a las garantías individuales”.
Mientras, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, manifestó que la supresión del allanamiento a los domicilios sin orden judicial “es importante, pero lo preocupante es que subsisten en esa reforma otros puntos que hemos señalado como contrarios a la ley y los derechos humanos, como es el arraigo”.
Arriaga hizo un exhorto al Senado para que revise los puntos que han sido cuestionados por organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas.
Cabe recordar que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en su reciente visita al país –hace 20 días– instó al Congreso a aprobar leyes tomando en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha signado.
Sin embargo, el ombudsman nacional advirtió que los legisladores aprobaron otros temas de esa reforma que violentan las garantías individuales y los derechos humanos, como son “el constitucionalizar el arraigo y flexibilizar los requisitos para expedir las órdenes de aprehensión”, entre otros.
Abundó que lo deseable es que, una vez que la Cámara de Diputados suprimió de esa reforma un tema tan controversial como el allanamiento de los domicilios sin orden judicial, el Senado de la República pudiera hacer una revisión integral de esa reforma.
No obstante, dijo: “Me gustaría que se hiciera una revisión de los temas que han sido cuestionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la propia CNDH, por juristas y organizaciones defensoras de las garantías individuales, pero no creo que lo hagan, aunque sería lo deseable”.
Soberanes manifestó: “Si no es posible que en la reforma que revisará el Senado se hagan los cambios que se requieren, ojalá en la legislación secundaria se puedan arreglar”.
Previamente, el ombudsman nacional había comentado en entrevista –realizada en la SCJN después de presentar su informe de labores– que de concretarse la reforma tal como estaba, es decir, con el allanamiento sin orden judicial, “el domicilio deja de ser, como decía José María Morelos en Los Sentimientos de la Nación, inviolable, y pasa a ser parte de la vía pública; cualquier policía se va a poder meter a nuestras casas”.
También expuso que “es una pena que se constitucionalice el arraigo, algo que la propia Suprema Corte de Justicia había declarado inconstitucional y es una pena que ahora los requisitos para expedir las órdenes de aprehensión sean tan nimios”.
La tradición de inviolabilidad del domicilio, “que costó sangre a nuestros antepasados, y como decía Morelos, es algo sagrado, pues ahora resulta que todo eso no se vale y se lleva la violación de los derechos humanos a la Constitución”, manifestó el titular de la CNDH, antes de que la cámara suprimiera el párrafo que posibilitaba los allanamientos.
En tanto, el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, manifestó que el hecho de que la Cámara de Diputados haya eliminado el párrafo que permitía el allanamiento de los domicilios sin orden judicial es un ejemplo de que sí se puede hacer una revisión integral de esa reforma.
El dirigente de la Red Todos los Derechos para Todos consideró que “sin duda el haber eliminado ese punto demuestra que era contrario a derechos humanos, porque podría abrir una enorme posibilidad a abusos e irrumpir en un espacio que debiera tener la máxima protección”.
Recordó que ése no fue el único asunto que las organizaciones de defensa de derechos humanos impugnaron; quedan todavía asuntos como el arraigo, el tema de la ampliación de facultades al Ministerio Público, la serie de delitos que posibilitan aún la prisión preventiva y el régimen de excepción para la delincuencia organizada, entre otros.
Cortez insistió en que si la Cámara de Diputados modificó un punto controversial, eso demuestra que “es posible que se modifique la reforma; el Senado debiera abrir el tema y revisar otros asuntos para garantizar el respeto a las garantías individuales”.
Mientras, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, manifestó que la supresión del allanamiento a los domicilios sin orden judicial “es importante, pero lo preocupante es que subsisten en esa reforma otros puntos que hemos señalado como contrarios a la ley y los derechos humanos, como es el arraigo”.
Arriaga hizo un exhorto al Senado para que revise los puntos que han sido cuestionados por organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas.
Cabe recordar que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en su reciente visita al país –hace 20 días– instó al Congreso a aprobar leyes tomando en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha signado.
Nota de Víctor Ballinas y Jesús Aranda, La Jornada, 27 de febrero.
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