El ombudsman destacó ante los ministros que es preocupante que el mayor rechazo a la defensa de los derechos humanos se dé en los ayuntamientos, porque en el palacio municipal “está la primera puerta que el ciudadano toca cuando enfrenta un problema; es la primera cara que el Estado presenta al pueblo, y están ahí también los primeros accesos y medios de defensa para aquél cuyas garantías han sido vulneradas”.
Reiteró su llamado a los poderes locales para que, con base en sus atribuciones soberanas, vigilen la actuación de los ayuntamientos en materia de derechos humanos. “No debemos permitir que la falta de atención a los gobiernos de las más pequeñas comunidades propicie una balcanización. No podemos permitir que se pervierta la laudable lucha histórica por el municipio libre, creando o promoviendo cotos de poder, feudos o cacicazgos”, subrayó.
Soberanes manifestó ante los ministros que al rechazar las recomendaciones que emite la CNDH, “las autoridades se alejan de la causa de los derechos humanos”. Espero, agregó, que los medios de comunicación y la opinión pública de las comunidades a las que esos gobernantes pertenecen señalen y condenen sus faltas.
Consideró que el sistema penal en México debe evolucionar y ser más equitativo. “Es hora de que los delincuentes no sean más importantes que las víctimas; de que la reparación del daño sea tan relevante como el correctivo, y la indemnización tan trascendente como la rehabilitación social. Es hora de que el Estado vea las dos facetas del drama penal, con humanismo y justicia”.
Soberanes aplaudió el papel que ha desempeñado la SCJN en materia de derechos humanos. “Lejos de rehuir los temas políticamente riesgosos, en años recientes nuestro máximo tribunal ha hecho una seria apuesta por el imperio de la ley, por el estado de derecho y por la defensa denonada de los derechos humanos. Éste es un esfuerzo en pro de México, celebrado y reconocido por el ombudsman nacional”.
Asimismo, Soberanes Fernández refirió que “nos sentimos honrados porque durante 2007 el máximo tribunal utilizó los materiales recabados durante nuestras investigaciones de los casos de San Salvador Atenco y Oaxaca, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 97 constitucional”.
Nota de Víctor Ballinas y Jesús Aranda, La Jornada, 27 de febrero.
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