Por mayoría, con 71 votos a favor y 25 en contra, el Senado aprobó la reforma de justicia penal y avaló la eliminación del párrafo que permitía a la policía ingresar sin orden judicial a un domicilio.
Como se trata de una reforma constitucional, la enmienda tendrá que recorrer los congresos de los estados, porque se requiere que sea aprobada por la mayoría de ellos.
En la sesión del Senado no hubo debate y sólo legisladores de las bancadas del PRD, PT y PAN se ocuparon en fijar posiciones. La petista Rosario Ibarra intentó que el dictamen fuera regresado a comisiones, con el argumento de que se había violado el procedimiento, pero no lo consiguió.
Según Rosario, los diputados modificaron una parte del texto que ya había sido aprobada por las dos cámaras legislativas.
Ulises Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, le aclaró que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos caso le da más peso a lo que resuelvan las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.
Se votó en un sólo acto, en lo general y en lo particular.
Con esta reforma se modificarán los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 123 de la Carta Magna.
De hecho nada más se votó la corrección que le hicieron los diputados a la minuta, de eliminar del artículo 16 el párrafo que permitía a la policía ingresar sin orden judicial a los domicilios, en caso de flagrancia o cuando peligre la vida de cualquier persona.
Ulises Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, destacó que los legisladores lo único que estaban haciendo era atender el reclamo de la sociedad para eliminar ese párrafo.
La reforma avala la intervención telefónica en casos de delincuencia organizada así como el llamado “arraigo” de personas sujetas a investigación.
También contempla la creación de jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, para que la autoridad puedan actuar con oportunidad contra presuntos delincuentes, garantizando los derechos de los indiciados.
Como se trata de una reforma constitucional, la enmienda tendrá que recorrer los congresos de los estados, porque se requiere que sea aprobada por la mayoría de ellos.
En la sesión del Senado no hubo debate y sólo legisladores de las bancadas del PRD, PT y PAN se ocuparon en fijar posiciones. La petista Rosario Ibarra intentó que el dictamen fuera regresado a comisiones, con el argumento de que se había violado el procedimiento, pero no lo consiguió.
Según Rosario, los diputados modificaron una parte del texto que ya había sido aprobada por las dos cámaras legislativas.
Ulises Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, le aclaró que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos caso le da más peso a lo que resuelvan las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.
Se votó en un sólo acto, en lo general y en lo particular.
Con esta reforma se modificarán los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 123 de la Carta Magna.
De hecho nada más se votó la corrección que le hicieron los diputados a la minuta, de eliminar del artículo 16 el párrafo que permitía a la policía ingresar sin orden judicial a los domicilios, en caso de flagrancia o cuando peligre la vida de cualquier persona.
Ulises Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, destacó que los legisladores lo único que estaban haciendo era atender el reclamo de la sociedad para eliminar ese párrafo.
La reforma avala la intervención telefónica en casos de delincuencia organizada así como el llamado “arraigo” de personas sujetas a investigación.
También contempla la creación de jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, para que la autoridad puedan actuar con oportunidad contra presuntos delincuentes, garantizando los derechos de los indiciados.
Nota de Arturo Zárate, El Universal, 7 de marzo.
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