Por mayoría, los consejeros del IFE aprobaron ayer por la noche el reglamento para regular la propaganda de los servidores públicos.
El documento regula y precisa procedimientos para procesar conductas irregulares de los funcionarios de todos los niveles de gobierno.
El presidente del IFE, Leonardo Valdés, destacó la legalidad del reglamento que reconoce,dijo, el mandato del artículo 134 constitucional dentro de sus atribuciones.
"Se considerará propaganda político electoral contraria a la ley, aquella contratada con recursos públicos, difundida por instituciones y Poderes públicos federales, locales, municipales o del DF, órganos autónomos, cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno o sus servidores públicos, a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes u otros medios similares, señala el documento.
Se confirmó y se aprobó la enumeración de los elementos que serán considerados "contrarios a la ley" si aparecen en la propaganda oficial: el nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, al voz de un servidor público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva conduzcan a relacionarlo con la misma.
En el reglamento aprobado y cuyo fraseo final se distribuyó horas antes luego de haber tenido una larga reunión con los partidos la víspera, se añadieron entre los elementos prohibidos aquellos que remitan a expresiones electorales.
"(No pueden aparecer ) las expresiones 'voto', 'vota', 'votar', 'sufragio', 'sufragar', 'comicios', 'elección', 'elegir', 'proceso electoral' y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral", señala la fracción "b" del artículo 2 del reglamento.
Quedó consignado que la autoridad electoral podrá dar vista a las autoridades y órganos correspondientes cuando considere que hay presunta responsabilidad administrativa, penal o política de servidores públicos.
Durante más de tres horas y en tres rondas partidos y consejeros expresaron sus posturas y el consejero Marco Antonio Gómez, además de anunciar un voto particular, explicó su voto en contra del proyecto.
"El documento propuesto no sólo no prohibe ni sanciona al servidor público sino que faculta que, con recursos privados, pueda incumplir con la Constitución y el Cofipe, para mi es un proceso que viola la Constitución y que establece excepciones en beneficio de los servidores públicos que quieren darle la vuelta a la prohibición legal, para difundir su imagen", sostuvo el consejero Gómez.
El documento regula y precisa procedimientos para procesar conductas irregulares de los funcionarios de todos los niveles de gobierno.
El presidente del IFE, Leonardo Valdés, destacó la legalidad del reglamento que reconoce,dijo, el mandato del artículo 134 constitucional dentro de sus atribuciones.
"Se considerará propaganda político electoral contraria a la ley, aquella contratada con recursos públicos, difundida por instituciones y Poderes públicos federales, locales, municipales o del DF, órganos autónomos, cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno o sus servidores públicos, a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes u otros medios similares, señala el documento.
Se confirmó y se aprobó la enumeración de los elementos que serán considerados "contrarios a la ley" si aparecen en la propaganda oficial: el nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, al voz de un servidor público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva conduzcan a relacionarlo con la misma.
En el reglamento aprobado y cuyo fraseo final se distribuyó horas antes luego de haber tenido una larga reunión con los partidos la víspera, se añadieron entre los elementos prohibidos aquellos que remitan a expresiones electorales.
"(No pueden aparecer ) las expresiones 'voto', 'vota', 'votar', 'sufragio', 'sufragar', 'comicios', 'elección', 'elegir', 'proceso electoral' y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral", señala la fracción "b" del artículo 2 del reglamento.
Quedó consignado que la autoridad electoral podrá dar vista a las autoridades y órganos correspondientes cuando considere que hay presunta responsabilidad administrativa, penal o política de servidores públicos.
Durante más de tres horas y en tres rondas partidos y consejeros expresaron sus posturas y el consejero Marco Antonio Gómez, además de anunciar un voto particular, explicó su voto en contra del proyecto.
"El documento propuesto no sólo no prohibe ni sanciona al servidor público sino que faculta que, con recursos privados, pueda incumplir con la Constitución y el Cofipe, para mi es un proceso que viola la Constitución y que establece excepciones en beneficio de los servidores públicos que quieren darle la vuelta a la prohibición legal, para difundir su imagen", sostuvo el consejero Gómez.
Nota de Guadalupe Irízar, Reforma, 13 de marzo.
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