En el corazón de la resistencia a la construcción de la presa La Parota, en la comunidad de Agua Caliente, en el Acapulco rural, y con la presencia de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, ayer se constituyó el Frente Guerrerense contra la Represión y la Impunidad (FGRI), el cual agrupa a más de 50 organizaciones sociales de la entidad.
En el acto, se dijo que 90 por ciento del territorio guerrerense tiene problemas asociados a la pobreza; 44.57 por ciento de los hogares no pueden cubrir sus necesidades alimentarias; y que 67 por ciento no puede vestirse, calzarse ni tener una vivienda digna.
Felipe Flores, uno de los voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota, dio lectura al documento de instalación del FGRI donde destacó los problemas de la población de Guerrero para acceder a la justicia; el debilitamiento del Estado de derecho y del derecho de petición, entre otros.
Además, condenaron las acciones represivas del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, principalmente en el caso de los normalistas de Ayotzinapa; la intromisión del Ejército en las comunidades indígenas; de la CFE en la zona de influencia de la presa La Parota, donde comuneros y ejidatarios están enfrentando las acciones ilegales de la paraestatal.
Asimismo, diversas organizaciones como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, el comité Eureka, el Frente de Trabajadores en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, la UNT, el Frente Popular Revolucionario, entre otros, condenaron también el asesinato de los mexicanos a manos del ejército colombiano en territorio de Ecuador y frenar la represión contra sus familiares en México, Ecuador y Colombia; la liberación inmediata de todos los presos y desaparecidos políticos; alto al hostigamiento a las familias Tecla Figueroa y Margarita Villanueva, a quien se les vincula con grupos guerrilleros bolivarianos. Rechazo a la militarización y paramilitarización en Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz y Puebla.
Además demandaron la presentación de mil 300 desparecidos políticos, de los cuales 600 son del estado de Guerrero.
En el acto, se dijo que 90 por ciento del territorio guerrerense tiene problemas asociados a la pobreza; 44.57 por ciento de los hogares no pueden cubrir sus necesidades alimentarias; y que 67 por ciento no puede vestirse, calzarse ni tener una vivienda digna.
Felipe Flores, uno de los voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota, dio lectura al documento de instalación del FGRI donde destacó los problemas de la población de Guerrero para acceder a la justicia; el debilitamiento del Estado de derecho y del derecho de petición, entre otros.
Además, condenaron las acciones represivas del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, principalmente en el caso de los normalistas de Ayotzinapa; la intromisión del Ejército en las comunidades indígenas; de la CFE en la zona de influencia de la presa La Parota, donde comuneros y ejidatarios están enfrentando las acciones ilegales de la paraestatal.
Asimismo, diversas organizaciones como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, el comité Eureka, el Frente de Trabajadores en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, la UNT, el Frente Popular Revolucionario, entre otros, condenaron también el asesinato de los mexicanos a manos del ejército colombiano en territorio de Ecuador y frenar la represión contra sus familiares en México, Ecuador y Colombia; la liberación inmediata de todos los presos y desaparecidos políticos; alto al hostigamiento a las familias Tecla Figueroa y Margarita Villanueva, a quien se les vincula con grupos guerrilleros bolivarianos. Rechazo a la militarización y paramilitarización en Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz y Puebla.
Además demandaron la presentación de mil 300 desparecidos políticos, de los cuales 600 son del estado de Guerrero.
Nota de José Juan Delgado, Milenio, 10 de marzo.
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