El presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza, señaló que las quejas por tortura aumentaron con respecto a 2006: el año pasado se presentaron 57, de las cuales, dijo, la mitad continúan en investigación. “Muchas de ellas las tenemos que cerrar por la situación de vulnerabilidad en la que están los denunciantes; a veces la amenaza ni siquiera la hace un servidor público, la hace otro interno. Entonces debemos tener cuidado de que la intervención de la comisión ayude”.
Añadió que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad, pero el problema de los reclusorios es la saturación y mencionó que en un recorrido hecho por la CDHDF visitaron dormitorios donde había 45 personas y, como el espacio para dormir era insuficiente, tenían que amarrarse.
Sobre las quejas contra el Ministerio Público explicó: “tienen que ver con la no respuesta de los agentes, con solicitudes de dinero o actos de corrupción. Tienen que ver con la no integración de la averiguación previa, entre otras. Lo que sí estamos observando con preocupación es que el MP no está respondiendo”.
Nota de Josefina Quintero, La Jornada, 14 de marzo.
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