Las reformas energética y laboral son los dos siguientes pasos que debe dar el país para incrementar la competitividad de manera significativa y esto debe ser antes de noviembre para que la discusión no se contamine con intereses electorales, advierte Manuel Minjares Jiménez, exlíder económico de los diputados del PAN.
Entrevistado por El Economista, el nuevo Coordinador de Asesores del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, destaca que el cambio observado desde el inicio del sexenio en la actitud del Ejecutivo y en la mayoría de los legisladores de oposición, principalmente los del PRI, ha permitido que haya una relación fructífera entre ambas partes.
No obstante, admite que la competencia electoral por la renovación de la Cámara de Diputados en julio del próximo año, puede entrampar esta relación, por lo que se debe aprovechar el tiempo antes de que se dé el banderazo para ello y avanzar en las reformas pendientes y, "evidentemente", la discusión de los temas energético y laboral deben entrar en esta dinámica.
"Es sabido que en noviembre próximo oficialmente inicia el año electoral en los términos constitucionales y del Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), entonces podemos pensar que todavía podemos sacar un buen paquete de reformas", expresa.
Agenda de Hacienda.
En la agenda legislativa para la Secretaría de Hacienda, Minjares Jiménez detalla que las prioridades serán la aprobación de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el paquete de leyes secundarias como resultado de la reforma constitucional en materia de gasto público, aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado.
En el caso del INEGI, explica el panista, en abril del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los Artículos 26 y 73 de la Constitución, con la cual se le dio al organismo autonomía técnica y de gestión, y con la que se fijó un plazo de seis meses para que el Congreso expidiera el marco legal orgánico correspondiente, requisito que no se ha cumplido por la falta de consensos.
Sin embargo, agrega, esperan que en el transcurso de esta semana el pleno en San Lázaro avale el nuevo marco jurídico para el Instituto, el cual ya cuenta con el respaldo del Senado.
"Esta es una reforma del sexenio anterior en donde se dota de cierta autonomía al Instituto para que se encargue de la administración del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del país, pero el INEGI hoy no está operando conforme a lo previsto en términos constitucionales, y es parte de la preocupación que tiene el gobierno", completa.
La legislación en el rubro de gasto, por su parte, busca hacer más transparente el uso de los recursos públicos, homologar los esquemas de información contable de los tres niveles de gobierno y avanzar en la presupuestación basada en resultados.
Entrevistado por El Economista, el nuevo Coordinador de Asesores del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, destaca que el cambio observado desde el inicio del sexenio en la actitud del Ejecutivo y en la mayoría de los legisladores de oposición, principalmente los del PRI, ha permitido que haya una relación fructífera entre ambas partes.
No obstante, admite que la competencia electoral por la renovación de la Cámara de Diputados en julio del próximo año, puede entrampar esta relación, por lo que se debe aprovechar el tiempo antes de que se dé el banderazo para ello y avanzar en las reformas pendientes y, "evidentemente", la discusión de los temas energético y laboral deben entrar en esta dinámica.
"Es sabido que en noviembre próximo oficialmente inicia el año electoral en los términos constitucionales y del Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), entonces podemos pensar que todavía podemos sacar un buen paquete de reformas", expresa.
Agenda de Hacienda.
En la agenda legislativa para la Secretaría de Hacienda, Minjares Jiménez detalla que las prioridades serán la aprobación de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el paquete de leyes secundarias como resultado de la reforma constitucional en materia de gasto público, aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado.
En el caso del INEGI, explica el panista, en abril del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los Artículos 26 y 73 de la Constitución, con la cual se le dio al organismo autonomía técnica y de gestión, y con la que se fijó un plazo de seis meses para que el Congreso expidiera el marco legal orgánico correspondiente, requisito que no se ha cumplido por la falta de consensos.
Sin embargo, agrega, esperan que en el transcurso de esta semana el pleno en San Lázaro avale el nuevo marco jurídico para el Instituto, el cual ya cuenta con el respaldo del Senado.
"Esta es una reforma del sexenio anterior en donde se dota de cierta autonomía al Instituto para que se encargue de la administración del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del país, pero el INEGI hoy no está operando conforme a lo previsto en términos constitucionales, y es parte de la preocupación que tiene el gobierno", completa.
La legislación en el rubro de gasto, por su parte, busca hacer más transparente el uso de los recursos públicos, homologar los esquemas de información contable de los tres niveles de gobierno y avanzar en la presupuestación basada en resultados.
Nota de Felipe Morales Fredes, El Economista, 11 de marzo.
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