La Comisión de Población y Desarrollo en el Senado de la República comenzó la discusión sobre los cambios que realizó la Cámara de Diputados a la Ley General de Población en abril del año pasado, en la que se prevé despenalizar la migración indocumentada en nuestro país, y con la cual se "daría el ejemplo" al no proporcionar un trato de criminales a quienes sólo buscan oportunidades de trabajo.
Los senadores de dicha comisión se reunieron la semana pasada sin lograr un consenso sólo en dos de sus artículos, ya que no se ponen de acuerdo con las sanciones que se deben imponer a los inmigrantres de centro y Sudamérica, pues en la minuta que envió la Cámara Baja se contempla una multa de 20 salarios mínimos; sin embargo, ésta "fomentaría" la migración sin documentos pues resultaría más barato cruzar de esa manera que legalmente, por la que se cobra 40 salarios mínimos. Ante esto, la contrapropuesta de los senadores es que se quede entre 60 y 100 salarios mínimos.
Otro de los artículos que ha causado controversia es el que permite a los inmigrantes que sean detenidos sin papeles y no tengan dinero puedan pagar su multas con trabajo comunitario, debido a que podría violentar la Constitución Mexicana que establece que todo trabajo debe tener una remuneración.
"Lo que se acordó en la subcomisión fue que se le solicitará al Instituto Nacional de Migración información acerca de como están las estaciones migratorias, y que nos informaran cuanto cuesta la manutención, para ver que impacto presupuestal pudiera tener una medida de este tipo, llega hasta haber 60,000 inmigrantes indocumentados en todo el país", informó Mauricio Dardón Velázquez, asesor en política internacional del PRD en la Cámara de Diputados, al cuestionarle los avances en el tema.
En entrevista, Dardón comentó que se acordó entre senadores y diputados que discuten la iniciativa que de no haber consenso en dichos artículos no se frenaría la reforma en el Senado para aprobarla en este periodo, y que se pospondría la discusión del trabajo comunitario para otra reforma en otro periodo.
Los senadores de dicha comisión se reunieron la semana pasada sin lograr un consenso sólo en dos de sus artículos, ya que no se ponen de acuerdo con las sanciones que se deben imponer a los inmigrantres de centro y Sudamérica, pues en la minuta que envió la Cámara Baja se contempla una multa de 20 salarios mínimos; sin embargo, ésta "fomentaría" la migración sin documentos pues resultaría más barato cruzar de esa manera que legalmente, por la que se cobra 40 salarios mínimos. Ante esto, la contrapropuesta de los senadores es que se quede entre 60 y 100 salarios mínimos.
Otro de los artículos que ha causado controversia es el que permite a los inmigrantes que sean detenidos sin papeles y no tengan dinero puedan pagar su multas con trabajo comunitario, debido a que podría violentar la Constitución Mexicana que establece que todo trabajo debe tener una remuneración.
"Lo que se acordó en la subcomisión fue que se le solicitará al Instituto Nacional de Migración información acerca de como están las estaciones migratorias, y que nos informaran cuanto cuesta la manutención, para ver que impacto presupuestal pudiera tener una medida de este tipo, llega hasta haber 60,000 inmigrantes indocumentados en todo el país", informó Mauricio Dardón Velázquez, asesor en política internacional del PRD en la Cámara de Diputados, al cuestionarle los avances en el tema.
En entrevista, Dardón comentó que se acordó entre senadores y diputados que discuten la iniciativa que de no haber consenso en dichos artículos no se frenaría la reforma en el Senado para aprobarla en este periodo, y que se pospondría la discusión del trabajo comunitario para otra reforma en otro periodo.
Nota de Omar Brito, El Economista, 3 de marzo.
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