El éxito de la reforma judicial dependerá de la eficacia en la transformación de los sistemas de procuración e impartición de justicia para su aplicación, afirmó ayer Juan Enrique Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
Aseguró que los cambios a la Constitución por sí solos no garantizan que la reforma, que entrará en vigor una vez que sea aprobada por al menos 16 Congresos estatales, vaya a tener un funcionamiento óptimo.
"Conocemos países con los mejores códigos, que en la práctica han tenido muy reducido impacto en el cambio de la justicia", dijo.
En un plazo de ocho años, la Federación y las 32 entidades deberán pasar del proceso judicial escrito al oral para darle transparencia, lo que implica una transformación de la estructura de tribunales y del Ministerio Público.
Experto en apoyo en procesos de reformas judiciales en países latinoamericanos por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), Vargas recomendó que sea aplicada gradualmente en las entidades, primero en las que no tienen carga excesiva de procesos.
"Es una oportunidad para aprovechar estos 8 años de forma escalonada, ir regulando el proceso. La experiencia dice que estos cambios, sobre todo en un país federal, es imposible hacerlo al mismo tiempo, no existe la capacidad técnica, los recursos humanos o materiales suficientes", explicó.
La clave para consolidar el nuevo sistema, que se fundamentará en la presunción de la inocencia del acusado como garantía básica, será que policías, procuradurías, y tribunales, entiendan y asuman cada uno su rol.
"Hay que repensar cómo se organizan las instituciones que fueron creadas en función de la lógica del sistema inquisitivo tradicional, escrito. Hay que repensar la organización y esto es mucho más complejo que el marco normativo", dijo.
A diferencia de otros países latinoamericanos con sistemas centrales, adelantó que en México tendrá una mayor complejidad debido a su federalismo.
Sin embargo, aseguró que puede servir para que los posibles errores que se cometan en una entidad no se repitan en los estados que vayan adoptando el sistema.
Mencionó que el Presidente de la República y los gobernadores deberán jugar un papel importante para mediar y coordinar los trabajos de transición en las instituciones implicadas.
"Es una buena idea tener una instancia de acompañamiento técnico y de coordinación de la reforma y creo que en esta, el Ejecutivo debiera tener un ascendiente relevante", señaló.
Vargas participará hoy en una reunión de los titulares de los Tribunales de Justicia de las entidades para mostrar las experiencias en otros países.
Aseguró que los cambios a la Constitución por sí solos no garantizan que la reforma, que entrará en vigor una vez que sea aprobada por al menos 16 Congresos estatales, vaya a tener un funcionamiento óptimo.
"Conocemos países con los mejores códigos, que en la práctica han tenido muy reducido impacto en el cambio de la justicia", dijo.
En un plazo de ocho años, la Federación y las 32 entidades deberán pasar del proceso judicial escrito al oral para darle transparencia, lo que implica una transformación de la estructura de tribunales y del Ministerio Público.
Experto en apoyo en procesos de reformas judiciales en países latinoamericanos por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), Vargas recomendó que sea aplicada gradualmente en las entidades, primero en las que no tienen carga excesiva de procesos.
"Es una oportunidad para aprovechar estos 8 años de forma escalonada, ir regulando el proceso. La experiencia dice que estos cambios, sobre todo en un país federal, es imposible hacerlo al mismo tiempo, no existe la capacidad técnica, los recursos humanos o materiales suficientes", explicó.
La clave para consolidar el nuevo sistema, que se fundamentará en la presunción de la inocencia del acusado como garantía básica, será que policías, procuradurías, y tribunales, entiendan y asuman cada uno su rol.
"Hay que repensar cómo se organizan las instituciones que fueron creadas en función de la lógica del sistema inquisitivo tradicional, escrito. Hay que repensar la organización y esto es mucho más complejo que el marco normativo", dijo.
A diferencia de otros países latinoamericanos con sistemas centrales, adelantó que en México tendrá una mayor complejidad debido a su federalismo.
Sin embargo, aseguró que puede servir para que los posibles errores que se cometan en una entidad no se repitan en los estados que vayan adoptando el sistema.
Mencionó que el Presidente de la República y los gobernadores deberán jugar un papel importante para mediar y coordinar los trabajos de transición en las instituciones implicadas.
"Es una buena idea tener una instancia de acompañamiento técnico y de coordinación de la reforma y creo que en esta, el Ejecutivo debiera tener un ascendiente relevante", señaló.
Vargas participará hoy en una reunión de los titulares de los Tribunales de Justicia de las entidades para mostrar las experiencias en otros países.
Nota de Luis Brito, Reforma, 27 de marzo.
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