WASHINGTON.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer en su informe anual que el gobierno de Hugo Chávez “está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar personas en virtud de su opinión pública” y ha creado un ambiente que “atenta” contra la democracia y los derechos humanos.
El informe advierte que desde el régimen se alienta la actuación de “grupos de choque” que actúan de forma impune para acosar a quienes disientan de las políticas del gobierno.
“Existe un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres.
“Los homicidios, los secuestros, el sicariato y la violencia en el campo son los fenómenos que con más frecuencia afectan la seguridad de los ciudadanos”, dice el informe de más de 300 páginas que podría ser base para cuestionar las credenciales de Venezuela como signatario de la Carta Democrática Interamericana y miembro de la OEA.
El reporte añade que de 2008 a 2009 hubo dos homicidios perpetuados por desconocidos contra periodistas y graves actos de agresión física y amenaza a comunicadores y propietarios de medios.
El ambiente de intimidación, de persecución y represalias que se ha cebado sobre todo contra medios de comunicación que se atreven a criticar al gobierno, son para la CIDH un preocupante síntoma de descomposición que “inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión como condición de una democracia vigorosa fundada en el pluralismo y la deliberación pública”.
El reporte añade que el ambiente de represión se ha extendido a distintas esferas del régimen chavista, desde donde el aparato castiga a todo aquel que ose disentir o criticar al gobierno con penas que en ocasiones llegan hasta los 20 años de cárcel. Aunado a ello, agrega, la independencia del poder judicial deja mucho que desear en virtud de la creciente influencia o injerencia del poder político en la administración de justicia.
“La falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye, a juicio de la CIDH, uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana”, añade.
El reporte pone énfasis en la persecución y hostigamiento que han sufrido los observadores de organizaciones defensoras de los derechos humanos a quienes se criminaliza.
Caracas rechaza
Venezuela rechaza por “infundados” los señalamientos de la CIDH, mientras activistas de derechos humanos venezolanos abogaron porque el gobierno analice “prudentemente” el informe de la comisión, el primero que el ente dedica íntegramente a este país desde 2003.
El agente de Derechos Humanos del Estado, Germán Saltrón, dijo que las “pruebas” de las denuncias de la CIDH contra Venezuela “no existen, son acusaciones sin fundamentos que el Estado venezolano rechaza”. (C0n información de EFE)
El informe advierte que desde el régimen se alienta la actuación de “grupos de choque” que actúan de forma impune para acosar a quienes disientan de las políticas del gobierno.
“Existe un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres.
“Los homicidios, los secuestros, el sicariato y la violencia en el campo son los fenómenos que con más frecuencia afectan la seguridad de los ciudadanos”, dice el informe de más de 300 páginas que podría ser base para cuestionar las credenciales de Venezuela como signatario de la Carta Democrática Interamericana y miembro de la OEA.
El reporte añade que de 2008 a 2009 hubo dos homicidios perpetuados por desconocidos contra periodistas y graves actos de agresión física y amenaza a comunicadores y propietarios de medios.
El ambiente de intimidación, de persecución y represalias que se ha cebado sobre todo contra medios de comunicación que se atreven a criticar al gobierno, son para la CIDH un preocupante síntoma de descomposición que “inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión como condición de una democracia vigorosa fundada en el pluralismo y la deliberación pública”.
El reporte añade que el ambiente de represión se ha extendido a distintas esferas del régimen chavista, desde donde el aparato castiga a todo aquel que ose disentir o criticar al gobierno con penas que en ocasiones llegan hasta los 20 años de cárcel. Aunado a ello, agrega, la independencia del poder judicial deja mucho que desear en virtud de la creciente influencia o injerencia del poder político en la administración de justicia.
“La falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye, a juicio de la CIDH, uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana”, añade.
El reporte pone énfasis en la persecución y hostigamiento que han sufrido los observadores de organizaciones defensoras de los derechos humanos a quienes se criminaliza.
Caracas rechaza
Venezuela rechaza por “infundados” los señalamientos de la CIDH, mientras activistas de derechos humanos venezolanos abogaron porque el gobierno analice “prudentemente” el informe de la comisión, el primero que el ente dedica íntegramente a este país desde 2003.
El agente de Derechos Humanos del Estado, Germán Saltrón, dijo que las “pruebas” de las denuncias de la CIDH contra Venezuela “no existen, son acusaciones sin fundamentos que el Estado venezolano rechaza”. (C0n información de EFE)
Jaime Hernández corresponsal, El Universal, 25 de febrero.
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