Hay más quejas por abusos de militares desde que participan en lucha antinarco

La intervención del Ejército en el combate a la delincuencia organizada “ha dado lugar a un incremento sustancial en las quejas” por violaciones de derechos humanos de militares contra la población civil, que en 2009 presentó mil 791 quejas por presuntos abusos durante los operativos y en los retenes, aseguró Raúl Plascencia Villanueva, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados –que preside el diputado Rubén Moreira, del Partido Revolucionario Institucional–, el ombudsman señaló que, derivado de esas quejas, se han enviado 30 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y una a la de Marina.

Los motivos de las quejas, explicó Plascencia Villanueva a preguntas de diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), fueron, principalmente, detenciones arbitrarias, trato cruel y degradante, cateos no autorizados, atentados al derecho a la vida y desapariciones forzadas.

“Un tema que se ha abordado, pero que también tiene limitaciones de reglamentación legal, son los retenes. Suele haber afectaciones y abusos contra las personas en algunos de ellos”, declaró.

Plascencia Villanueva ofreció que la CNDH hará lo posible por hacer efectivo el derecho a la libertad de tránsito, que es limitada por los puestos militares en carreteras, y que esa garantía constitucional “no se quede como mera declaración que no se lleva a la realidad”.

El diputado Rubén Moreira cuestionó que en el combate a la delincuencia organizada el gobierno federal “no puede causar un delito tan grave como los que persigue. Las violaciones a los derechos humanos no prescriben moralmente: hoy, cada 2 de octubre, la gente recuerda algo que pasó hace más de 40 años. Y ante la actividad del presidente Felipe Calderón en esto que dice que es una guerra, tiene que haber mayor participación de la CNDH”.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes, del PT, le preguntó qué medidas preventivas ha adoptado la comisión para proteger la vida y la seguridad de los mineros de Cananea y sus familias ante un eventual operativo militar o de la Policía Federal para desalojarlos de la mina.

El ombudsman refirió que se han presentado varias quejas, se realizaron inspecciones oculares en esa ciudad y se ha comisionado a visitadores adjuntos, quienes informan acerca de la situación en Cananea.

“Y si hay necesidad de emitir medidas cautelares, lo haremos inmediatamente”, expresó.

Comentó que existe coordinación muy cercana con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora. “Si se llegara a suscitar una condición que ponga en riesgo la vida, la integridad y la violación de los derechos humanos de los mineros, actuaremos de manera inmediata”, se comprometió.

En el diálogo con los legisladores, Plascencia Villanueva planteó que la Cámara de Diputados debe revisar el marco legal de la propia CNDH, con el propósito de que los funcionarios que no acepten o no cumplan una recomendación sean citados ante el Congreso para que expliquen las razones jurídicas de su negativa.

“Daríamos un gran paso y generaríamos un nuevo marco en el desempeño de la comisión”, agregó el ombudsman.

Informó a los diputados federales que en breve emitirá tres nuevos informes acerca de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, delito “que se ha agudizado. Sobre la situación que se vive en esa localidad por el despliegue de fuerzas militares y policías federales, así como el incremento de la inseguridad y las ejecuciones, además de la homofobia.

Finalmente, reprochó que las recomendaciones e investigaciones por agresiones y asesinatos contra periodistas en todo el país, presentadas e iniciadas por el Ministerio Público, “estén durmiendo el sueño de la injusticia”.

Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, 24 de febrero.