El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, informó que en 2010 ese organismo registró 214 casos de secuestros colectivos de migrantes, con un total de 10 mil plagiados en seis meses, de abril a septiembre del año pasado.
El ombudsman calculó que en cada plagio colectivo los grupos de la delincuencia organizada se llevan a unos 50 migrantes en promedio, y anunció que en los próximos meses la CNDH presentará un informe en el que realizará un diagnóstico sobre la forma en que dichos secuestros son cometidos.
Con un enfoque metodológico nuevo, la comisión espera determinar con precisión los lugares donde este crimen ocurre con mayor frecuencia, aunque ya se ha identificado a Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Coahuila y San Luis Potosí como las entidades más riesgosas.
Plascencia admitió que en muchos de esos casos se ha comprobado la participación de elementos policiales o del Instituto Nacional de Migración “en aparente connivencia con los delincuentes”.
Sobre el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, promulgado el pasado miércoles por el presidente Felipe Calderón, el titular de la CNDH consideró que se trata de un “elemento interesante que plantea lineamientos de hacia dónde debe orientarse el trabajo de la administración pública federal”.
Mencionó que 2010 fue uno de los años en que más quejas hubo contra los efectivos de la Secretaría de Marina, con un total de seis, las cuales son reflejo de la intervención que está teniendo en la lucha contra el crimen organizado, que “debe darse en el marco de respecto a la Constitución y los derechos humanos de todas las personas”.
Aunque insistió en que los señalamientos contra la Armada se deben a su mayor involucramiento en la llamada “guerra” contra el narcotráfico, subrayó que ésta no debe ser pretexto para violar las garantías individuales de la población.
El ombudsman calculó que en cada plagio colectivo los grupos de la delincuencia organizada se llevan a unos 50 migrantes en promedio, y anunció que en los próximos meses la CNDH presentará un informe en el que realizará un diagnóstico sobre la forma en que dichos secuestros son cometidos.
Con un enfoque metodológico nuevo, la comisión espera determinar con precisión los lugares donde este crimen ocurre con mayor frecuencia, aunque ya se ha identificado a Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Coahuila y San Luis Potosí como las entidades más riesgosas.
Plascencia admitió que en muchos de esos casos se ha comprobado la participación de elementos policiales o del Instituto Nacional de Migración “en aparente connivencia con los delincuentes”.
Sobre el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, promulgado el pasado miércoles por el presidente Felipe Calderón, el titular de la CNDH consideró que se trata de un “elemento interesante que plantea lineamientos de hacia dónde debe orientarse el trabajo de la administración pública federal”.
Mencionó que 2010 fue uno de los años en que más quejas hubo contra los efectivos de la Secretaría de Marina, con un total de seis, las cuales son reflejo de la intervención que está teniendo en la lucha contra el crimen organizado, que “debe darse en el marco de respecto a la Constitución y los derechos humanos de todas las personas”.
Aunque insistió en que los señalamientos contra la Armada se deben a su mayor involucramiento en la llamada “guerra” contra el narcotráfico, subrayó que ésta no debe ser pretexto para violar las garantías individuales de la población.
La Jornada, 7 de enero.
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