La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, urgió al gobierno de México a que investigue el secuestro de 40 migrantes centroamericanos, que ocurrió “en circunstancias altamente cuestionables hace un mes”.
Pillay expuso que desde el secuestro de los migrantes “no hay pista sobre su paradero y los defensores de los derechos humanos que ayudaron a integrantes del mismo grupo han sido continuamente amenazados”.
En un comunicado, la alta comisionada instó a las autoridades mexicanas “a realizar una investigación exhaustiva y transparente de las acusaciones de malos tratos y abusos que sufrieron los migrantes por parte de agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración que participaron en el operativo conjunto”.
Opinó que las autoridades deben aclarar “las circunstancias en las cuales fueron secuestrados los migrantes, y de las amenazas recibidas por el padre Solalinde y las personas que colaboran con él”.
A más de un mes de la desaparición de estas personas, insistió en que las autoridades mexicanas “deben determinar si funcionarios públicos, incluidos los que trabajan para la empresa ferroviaria de propiedad estatal, fueron cómplices con la organización criminal que llevó a cabo los secuestros y las extorsiones, tanto en éste como en otros casos”.
Aunque reconoció que el gobierno federal enfrenta un reto en la lucha contra las organizaciones criminales “excepcionalmente violentas y bien armadas”, dijo que la protección de los migrantes no debe descuidarse en este proceso. Por su parte, la Secretaria de Relaciones Exteriores respondió al organismo internacional y subrayó que las investigaciones de los sucesos referidos por la alta comisionada están en curso, por lo cual no puede prejuzgarse el resultado. Señaló que para el gobierno mexicano la principal amenaza a la seguridad de los migrantes es la delincuencia trasnacional organizada.
Asegura que el gobierno ha establecido la Estrategia Nacional de Seguridad para combatir este fenómeno delictivo, para lo cual ha dedicado no sólo cuantiosos recursos materiales y financieros, sino también ha puesto en riesgo la vida de miembros de las fuerzas de seguridad.
Detienen banda
Integrantes de la Armada de México y de la Procuraduría General de Justicia en Chipas presentaron ayer a 10 hondureños acusados de asalto, secuestro, extorsión y asesinato de migrantes centroamericanos.
Tres personas de origen extranjero que iniciaron una averiguación identificaron a los hondureños como integrantes de una banda delictiva que los atacó.
Fueron trasladados a Veracruz para ser entregados a las autoridades, pues presuntamente operaban en la zona de Medias Aguas en el estado.
México. Elba Mónica Bravo y Hugo Pérez, Milenio, 22 de enero.
Pillay expuso que desde el secuestro de los migrantes “no hay pista sobre su paradero y los defensores de los derechos humanos que ayudaron a integrantes del mismo grupo han sido continuamente amenazados”.
En un comunicado, la alta comisionada instó a las autoridades mexicanas “a realizar una investigación exhaustiva y transparente de las acusaciones de malos tratos y abusos que sufrieron los migrantes por parte de agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración que participaron en el operativo conjunto”.
Opinó que las autoridades deben aclarar “las circunstancias en las cuales fueron secuestrados los migrantes, y de las amenazas recibidas por el padre Solalinde y las personas que colaboran con él”.
A más de un mes de la desaparición de estas personas, insistió en que las autoridades mexicanas “deben determinar si funcionarios públicos, incluidos los que trabajan para la empresa ferroviaria de propiedad estatal, fueron cómplices con la organización criminal que llevó a cabo los secuestros y las extorsiones, tanto en éste como en otros casos”.
Aunque reconoció que el gobierno federal enfrenta un reto en la lucha contra las organizaciones criminales “excepcionalmente violentas y bien armadas”, dijo que la protección de los migrantes no debe descuidarse en este proceso. Por su parte, la Secretaria de Relaciones Exteriores respondió al organismo internacional y subrayó que las investigaciones de los sucesos referidos por la alta comisionada están en curso, por lo cual no puede prejuzgarse el resultado. Señaló que para el gobierno mexicano la principal amenaza a la seguridad de los migrantes es la delincuencia trasnacional organizada.
Asegura que el gobierno ha establecido la Estrategia Nacional de Seguridad para combatir este fenómeno delictivo, para lo cual ha dedicado no sólo cuantiosos recursos materiales y financieros, sino también ha puesto en riesgo la vida de miembros de las fuerzas de seguridad.
Detienen banda
Integrantes de la Armada de México y de la Procuraduría General de Justicia en Chipas presentaron ayer a 10 hondureños acusados de asalto, secuestro, extorsión y asesinato de migrantes centroamericanos.
Tres personas de origen extranjero que iniciaron una averiguación identificaron a los hondureños como integrantes de una banda delictiva que los atacó.
Fueron trasladados a Veracruz para ser entregados a las autoridades, pues presuntamente operaban en la zona de Medias Aguas en el estado.
México. Elba Mónica Bravo y Hugo Pérez, Milenio, 22 de enero.
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