El vicecanciller de Honduras, Alden Rivera, informó que aún no hay “avances concretos” en la investigación sobre la desaparición de cerca de 40 centroamericanos indocumentados, y anunció la creación de una comisión bilateral de “alto nivel” sobre seguridad, que trabajará sobre cinco de los 21 acuerdos suscritos en octubre pasado, luego del asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas.
“No tenemos ningún avance concreto que nos diga si estos ciudadanos están recluidos en una casa de seguridad o pruebas concluyentes que nos indiquen que se han pagado los rescates y que han sido puestos en libertad”, detalló.
Alden Rivera explicó a EL UNIVERSAL que las autoridades mexicanas no aceptan que la desaparición de los centroamericanos se trate de secuestros masivos, aun cuando los testimonios de los 13 centroamericanos protegidos por la Procuraduría General de la República (PGR) sostienen esta versión. Pero celebró la apertura de las autoridades: “nunca antes he encontrado un nivel de preocupación en México como el que he visto”.
En ese sentido, el funcionario validó la cifra de plagiados que maneja la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 40 personas, y la hipótesis del secuestro.
Uno de los ejes de este grupo será compartir información financiera y bases de datos en una plataforma virtual, pues Honduras tiene identificado que los rescates son pagados a través del envío de remesas.
Entre los primeros compromisos está intercambiar información para detectar cómo actúan Los Zetas en México y Centroamérica, pues confirmó que los tentáculos de este cártel llegan hasta su país.
La comisión bilateral se instalará la segunda semana de enero y tendrá que diseñar campañas de prevención, esquemas para facilitar la denuncia de delitos y mecanismos para incentivar la participación de los titulares de Derechos Humanos de cada nación y organizaciones civiles.
El funcionario reveló que los secuestradores piden por cada migrante de 100 a 3 mil dólares, dependiendo si el familiar esta en Estados Unidos y Honduras, pero cuando no tienen para pagar el rescate, la víctima es reclutada por la delincuencia organizada para sus fines.
Alden Rivera advirtió que su gobierno estará pendiente del avance de la investigación, pues informó que en otros casos, como el de los 72 migrantes asesinados en agosto, la PGR no ha proporcionado información precisa a las autoridades centroamericanas.
Honduras calcula que anualmente 75 mil de sus ciudadanos se trasladan a Estados Unidos, y advirtió que esta cifra no se modificará a corto plazo.
“No tenemos ningún avance concreto que nos diga si estos ciudadanos están recluidos en una casa de seguridad o pruebas concluyentes que nos indiquen que se han pagado los rescates y que han sido puestos en libertad”, detalló.
Alden Rivera explicó a EL UNIVERSAL que las autoridades mexicanas no aceptan que la desaparición de los centroamericanos se trate de secuestros masivos, aun cuando los testimonios de los 13 centroamericanos protegidos por la Procuraduría General de la República (PGR) sostienen esta versión. Pero celebró la apertura de las autoridades: “nunca antes he encontrado un nivel de preocupación en México como el que he visto”.
En ese sentido, el funcionario validó la cifra de plagiados que maneja la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 40 personas, y la hipótesis del secuestro.
Uno de los ejes de este grupo será compartir información financiera y bases de datos en una plataforma virtual, pues Honduras tiene identificado que los rescates son pagados a través del envío de remesas.
Entre los primeros compromisos está intercambiar información para detectar cómo actúan Los Zetas en México y Centroamérica, pues confirmó que los tentáculos de este cártel llegan hasta su país.
La comisión bilateral se instalará la segunda semana de enero y tendrá que diseñar campañas de prevención, esquemas para facilitar la denuncia de delitos y mecanismos para incentivar la participación de los titulares de Derechos Humanos de cada nación y organizaciones civiles.
El funcionario reveló que los secuestradores piden por cada migrante de 100 a 3 mil dólares, dependiendo si el familiar esta en Estados Unidos y Honduras, pero cuando no tienen para pagar el rescate, la víctima es reclutada por la delincuencia organizada para sus fines.
Alden Rivera advirtió que su gobierno estará pendiente del avance de la investigación, pues informó que en otros casos, como el de los 72 migrantes asesinados en agosto, la PGR no ha proporcionado información precisa a las autoridades centroamericanas.
Honduras calcula que anualmente 75 mil de sus ciudadanos se trasladan a Estados Unidos, y advirtió que esta cifra no se modificará a corto plazo.
Elena Michel, El Universal, 30 de diciembre.
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