El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, confirmó la muerte de 111 personas inocentes y sin vinculación con delito alguno durante los operativos contra el crimen organizado en 2010, y dijo que “en la inmensa mayoría de esos casos aún se aguarda a que se haga justicia”.
Al rendir su informe anual ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman nacional lamentó la “injusta afectación” de esa lucha en la esfera de los derechos y las libertades de personas ajenas a la delincuencia.
“La inseguridad pública no es una excusa válida para pretender justificar la vulneración de los derechos humanos”, puntualizó.
En ese contexto, Plascencia deploró la resistencia manifiesta de algunos servidores públicos a reconocer las responsabilidades que se les atribuyen, en función de hechos concretos y verificados.
“Instituciones de gobierno acostumbradas a recibir sólo reconocimientos no aceptan fácilmente observaciones ni se muestran inclinadas a reconocer eventuales fallas, excesos o abusos en el ejercicio de la función pública”, sostuvo.
Precisó que las autoridades más frecuentemente señaladas por presuntas violaciones a los derechos humanos fueron, en 2010, las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y de Marina, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración.
Entre las autoridades que rechazaron las recomendaciones destacan la Secretaría de la Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Pública y Petróleos Mexicanos, así como los gobernadores de Chihuahua y San Luis Potosí.
Entrevistado al finalizar su presentación ante los diputados y senadores de la Comisión Permanente, el ombudsman instó por ello al Senado de la República a ratificar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, a fin de que sean llamados a comparecer los funcionarios que se nieguen a admitir las recomendaciones.
A partir de las comparecencias, podrán también desencadenarse procesos de responsabilidad política, civil, administrativa o inclusive penal, para que se vaya dejando muy en claro que el respeto a los derechos humanos no es otra cosa que la observancia de la Constitución y que, sin observancia, el desprecio implica una consecuencia jurídica”, remarcó.
En su informe de actividades, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que la migración se mantiene como uno de los asuntos de mayor preocupación para el Estado mexicano, pues en 2010 se registraron múltiples casos de violación a las garantías de los migrantes, como los homicidios y secuestros masivos ocurridos en Oaxaca y Tamaulipas.
“Deslindar responsabilidades”
••• Al cuestionarlo sobre las 111 víctimas inocentes en la guerra antinarco reportadas por la CNDH, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, señaló que “vivimos un fenómeno de violencia generado fundamentalmente por organizaciones criminales y es indispensable que en cada uno de esos casos se deslinden responsabilidades, se haga justicia.
“En el caso de Juárez, los principales líderes de esas organizaciones criminales conocidos como El Farmero y otros han sido capturados y puestos a disposición de las autoridades; tenemos que seguir adelante en un esfuerzo por asegurarnos que los responsables de la violencia paguen por sus delitos”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
“Seguimos avanzando en la estrategia y deteniendo a estos lideres criminales; impulsamos la transformación de las instituciones de seguridad y de justicia locales. Vamos a tener resultados y logros importantes de manera permanente”, comentó a Óscar Mario Beteta. (México • Redacción)
México • Fernando Damián, Milenio, 27 de enero.
Al rendir su informe anual ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman nacional lamentó la “injusta afectación” de esa lucha en la esfera de los derechos y las libertades de personas ajenas a la delincuencia.
“La inseguridad pública no es una excusa válida para pretender justificar la vulneración de los derechos humanos”, puntualizó.
En ese contexto, Plascencia deploró la resistencia manifiesta de algunos servidores públicos a reconocer las responsabilidades que se les atribuyen, en función de hechos concretos y verificados.
“Instituciones de gobierno acostumbradas a recibir sólo reconocimientos no aceptan fácilmente observaciones ni se muestran inclinadas a reconocer eventuales fallas, excesos o abusos en el ejercicio de la función pública”, sostuvo.
Precisó que las autoridades más frecuentemente señaladas por presuntas violaciones a los derechos humanos fueron, en 2010, las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y de Marina, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración.
Entre las autoridades que rechazaron las recomendaciones destacan la Secretaría de la Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Pública y Petróleos Mexicanos, así como los gobernadores de Chihuahua y San Luis Potosí.
Entrevistado al finalizar su presentación ante los diputados y senadores de la Comisión Permanente, el ombudsman instó por ello al Senado de la República a ratificar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, a fin de que sean llamados a comparecer los funcionarios que se nieguen a admitir las recomendaciones.
A partir de las comparecencias, podrán también desencadenarse procesos de responsabilidad política, civil, administrativa o inclusive penal, para que se vaya dejando muy en claro que el respeto a los derechos humanos no es otra cosa que la observancia de la Constitución y que, sin observancia, el desprecio implica una consecuencia jurídica”, remarcó.
En su informe de actividades, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que la migración se mantiene como uno de los asuntos de mayor preocupación para el Estado mexicano, pues en 2010 se registraron múltiples casos de violación a las garantías de los migrantes, como los homicidios y secuestros masivos ocurridos en Oaxaca y Tamaulipas.
“Deslindar responsabilidades”
••• Al cuestionarlo sobre las 111 víctimas inocentes en la guerra antinarco reportadas por la CNDH, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, señaló que “vivimos un fenómeno de violencia generado fundamentalmente por organizaciones criminales y es indispensable que en cada uno de esos casos se deslinden responsabilidades, se haga justicia.
“En el caso de Juárez, los principales líderes de esas organizaciones criminales conocidos como El Farmero y otros han sido capturados y puestos a disposición de las autoridades; tenemos que seguir adelante en un esfuerzo por asegurarnos que los responsables de la violencia paguen por sus delitos”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
“Seguimos avanzando en la estrategia y deteniendo a estos lideres criminales; impulsamos la transformación de las instituciones de seguridad y de justicia locales. Vamos a tener resultados y logros importantes de manera permanente”, comentó a Óscar Mario Beteta. (México • Redacción)
México • Fernando Damián, Milenio, 27 de enero.
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