WASHINGTON.— El pasado viernes 31 de diciembre, Russell Pearce, el hombre detrás de las más duras leyes contra la inmigración indocumentada en Estados Unidos, se convirtió en el anfitrión de un acto para celebrar su reciente elección como senador estatal y su papel como futuro líder senatorial de Arizona.
Al encuentro, en Paradise Valley, en el condado de Maricopa, acudieron algunos de sus más cercanos colaboradores y amigos. Muchos de ellos vinculados a poderosas firmas de cabilderos o a algunas empresas con intereses en Arizona, como la Corrections Corporation of America (CCA) —el más importante contratista de prisiones privadas en Estados Unidos y uno de los consorcios que han apoyado la promulgación de la ley antimigrante SB1070.
A sus 63 años, Russell Pearce tiene en su récord un compendio de iniciativas y leyes que rivalizan con las del polémico alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, y que han conseguido acorralar a la comunidad inmigrante indocumentada no sólo en el estado de Arizona, sino también en aquellos estados cuyas legislaturas locales han anunciado su intención de replicarlas.
En su registro figura la SB1070 que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en Arizona, pero también la iniciativa que hoy promueve del brazo de legisladores de estados como Carolina del Sur, Georgia, Oklahoma y Pennsylvania para enmendar el artículo 14 de la Constitución y negarle la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados.
El laboratorio de pruebas de Pearce ha sido el estado de Arizona, donde ha sido el responsable de impulsar leyes para exigir prueba de ciudadanía, hacer del inglés el único idioma oficial o estrechar el cerco sobre todos aquellos empresarios que contratan a indocumentados. Quienes lo conocen o han trabajado con él aseguran que la cruzada de Pearce contra la inmigración indocumentada data de hace tiempo y está en relación directa con su pasado como policía.
En sus años como oficial en el condado de Maricopa (condado al que sirvió por 35 años), Pearce fue baleado en el pecho y la mano por un pandillero, y hace cinco años su hijo Sean, que trabaja en la oficina del alguacil, fue herido de gravedad por un criminal que resultó ser inmigrante indocumentado.
En una entrevista concedida a Univisión el año pasado, se le preguntó a Pearce si quizás se trataba de una venganza personal, porque un inmigrante indocumentado le disparó a su hijo, estaría detrás de sus iniciativas. Dijo: “Sí. Es una venganza contra el gobierno, porque si el gobierno hubiera hecho su trabajo de asegurar la frontera, de hacer cumplir las leyes, eso no hubiera ocurrido.”
Cuando el 2 de noviembre Pearce festejaba su victoria, confirmó su intención de proseguir con su cruzada a través de acciones concertadas con otras legislaturas estatales para promover la promulgación de leyes similares a la SB1070 o impulsar la derogación del artículo 14 de la Constitución.
Y cumplió. Junto con legisladores de otros estados, el pasado 5 de enero Pearce presentó su iniciativa. “El pueblo ha dado su veredicto y ejemplos como el que ha dado Arizona se han comenzado a seguir en otros estados”, dijo Pearce.
Su proyecto ha influido a muchos otros estados a lo largo y ancho de Estados Unidos, que promueven iniciativas similares a la Ley Arizona.
Tony Yapias, director del Proyecto Latino de Utah, indicó en julio pasado que “unos legisladores visitaron Arizona y regresaron (a Utah) diciendo que estaban más convencidos que nunca de que necesitábamos una ley como la SB1070”.
En este marco, la CCA está detrás de uno de los novedosos modelos empresariales dedicado a sacar el mayor provecho del encarcelamiento de indocumentados, un negocio que tiene la mira puesta en todos aquellas legislaturas estatales que han manifestado su intención de replicar la SB1070.
Precisamente, a cambio de su apoyo a la controvertida legislación, la CCA tendría asegurados los contratos de los sistemas carcelarios de Arizona para alojar a las decenas de miles de indocumentados que se encuentren en vías de deportación, a razón de 100 dólares por cabeza y día.
“Los inmigrantes indocumentados representan hoy el segmento de mayor crecimiento dentro del programa ‘detención y remoción’ que se gestiona dentro del sistema federal de prisiones y que ha permitido a la CCA beneficiarse con un buen trozo del pastel presupuestario”, denunció el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, organización de 2.2 millones de afiliados, en un documento distribuido en octubre como parte de la campaña para desenmascarar a los principales beneficiarios de la SB1070. Pearce ha negado que la CCA esté detrás de la Ley Arizona.
Al encuentro, en Paradise Valley, en el condado de Maricopa, acudieron algunos de sus más cercanos colaboradores y amigos. Muchos de ellos vinculados a poderosas firmas de cabilderos o a algunas empresas con intereses en Arizona, como la Corrections Corporation of America (CCA) —el más importante contratista de prisiones privadas en Estados Unidos y uno de los consorcios que han apoyado la promulgación de la ley antimigrante SB1070.
A sus 63 años, Russell Pearce tiene en su récord un compendio de iniciativas y leyes que rivalizan con las del polémico alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, y que han conseguido acorralar a la comunidad inmigrante indocumentada no sólo en el estado de Arizona, sino también en aquellos estados cuyas legislaturas locales han anunciado su intención de replicarlas.
En su registro figura la SB1070 que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en Arizona, pero también la iniciativa que hoy promueve del brazo de legisladores de estados como Carolina del Sur, Georgia, Oklahoma y Pennsylvania para enmendar el artículo 14 de la Constitución y negarle la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados.
El laboratorio de pruebas de Pearce ha sido el estado de Arizona, donde ha sido el responsable de impulsar leyes para exigir prueba de ciudadanía, hacer del inglés el único idioma oficial o estrechar el cerco sobre todos aquellos empresarios que contratan a indocumentados. Quienes lo conocen o han trabajado con él aseguran que la cruzada de Pearce contra la inmigración indocumentada data de hace tiempo y está en relación directa con su pasado como policía.
En sus años como oficial en el condado de Maricopa (condado al que sirvió por 35 años), Pearce fue baleado en el pecho y la mano por un pandillero, y hace cinco años su hijo Sean, que trabaja en la oficina del alguacil, fue herido de gravedad por un criminal que resultó ser inmigrante indocumentado.
En una entrevista concedida a Univisión el año pasado, se le preguntó a Pearce si quizás se trataba de una venganza personal, porque un inmigrante indocumentado le disparó a su hijo, estaría detrás de sus iniciativas. Dijo: “Sí. Es una venganza contra el gobierno, porque si el gobierno hubiera hecho su trabajo de asegurar la frontera, de hacer cumplir las leyes, eso no hubiera ocurrido.”
Cuando el 2 de noviembre Pearce festejaba su victoria, confirmó su intención de proseguir con su cruzada a través de acciones concertadas con otras legislaturas estatales para promover la promulgación de leyes similares a la SB1070 o impulsar la derogación del artículo 14 de la Constitución.
Y cumplió. Junto con legisladores de otros estados, el pasado 5 de enero Pearce presentó su iniciativa. “El pueblo ha dado su veredicto y ejemplos como el que ha dado Arizona se han comenzado a seguir en otros estados”, dijo Pearce.
Su proyecto ha influido a muchos otros estados a lo largo y ancho de Estados Unidos, que promueven iniciativas similares a la Ley Arizona.
Tony Yapias, director del Proyecto Latino de Utah, indicó en julio pasado que “unos legisladores visitaron Arizona y regresaron (a Utah) diciendo que estaban más convencidos que nunca de que necesitábamos una ley como la SB1070”.
En este marco, la CCA está detrás de uno de los novedosos modelos empresariales dedicado a sacar el mayor provecho del encarcelamiento de indocumentados, un negocio que tiene la mira puesta en todos aquellas legislaturas estatales que han manifestado su intención de replicar la SB1070.
Precisamente, a cambio de su apoyo a la controvertida legislación, la CCA tendría asegurados los contratos de los sistemas carcelarios de Arizona para alojar a las decenas de miles de indocumentados que se encuentren en vías de deportación, a razón de 100 dólares por cabeza y día.
“Los inmigrantes indocumentados representan hoy el segmento de mayor crecimiento dentro del programa ‘detención y remoción’ que se gestiona dentro del sistema federal de prisiones y que ha permitido a la CCA beneficiarse con un buen trozo del pastel presupuestario”, denunció el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, organización de 2.2 millones de afiliados, en un documento distribuido en octubre como parte de la campaña para desenmascarar a los principales beneficiarios de la SB1070. Pearce ha negado que la CCA esté detrás de la Ley Arizona.
Jaime Hernández corresponsal, EL Universal, 10 de enero.
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