Salvador Beltrán del Río niega las entrevistas de agentes de EU

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, negó que las autoridades mexicanas hayan permitido a agentes estadunidenses interrogar a extranjeros que se hallaban presos en estaciones migratorias operadas por el organismo.

“No. Es falsa (esa información)”, respondió el funcionario a pregunta expresa acerca de la reciente filtración (conocida a través del sitio Wikileaks) de un cable enviado por el entonces embajador Tony Garza al Departamento de Estado estadunidense el 16 de mayo de 2008.

La negación del comisionado Beltrán del Río contradice las declaraciones del secretario de Gobernación, Francisco Blake, quien el pasado lunes, un día después de conocerse la información de Wikileaks, admitió que existe cooperación con países como Estados Unidos para combatir la inseguridad que rebasa las fronteras de México, de ahí que en el marco de la ley, dijo, se establecen procesos de investigación y de inteligencia.

Aunque Blake condenó que la información se conociera “mediante la extracción irregular de documentos”, el funcionario admitió la participación de agentes del FBI en territorio nacional, y fue enfático en afirmar que este tipo de cooperación ocurre en el marco de la ley. “Nosotros, en el marco del respeto a la Constitución y a las leyes internacionales mantenemos cooperación que nos permita asegurar mayores niveles de seguridad y tranquilidad en México”, dijo el secretario al término de una conferencia de prensa en Tijuana.

En los cables de Wikileaks se señala que el gobierno de Felipe Calderón autorizó el ingreso de agentes estadunidenses a los centros para interrogar a extranjeros que, por su situación de indocumentados, son alojados en esos centros, regularmente por lapsos cortos en tanto se tramita su repatriación.

El cable, difundido por los medios de comunicación esta semana, precisa que el órgano de inteligencia del gobierno mexicano, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), es el principal interlocutor para temas contra el terrorismo y “ha permitido a oficiales del gobierno de Estados Unidos interrogar a extranjeros detenidos en los centros de detención migratoria, dispersos en todo el país, para obtener información potencial de interés sobre contraterrorismo.”

Al término de la promulgación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, norma firmada esta mañana por Felipe Calderón en la residencia oficial de Los Pinos, Beltrán del Río aseveró que hay avances en los programas para combatir las prácticas de corrupción en el INM.

El comisionado del instituto reconoció que se han abierto nuevas rutas –que arrancan en Centroamérica– para el traslado ilegal de personas, incluso procedentes de Asia o África.

Presente en la ceremonia, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, dijo que se encuentran muy pendiente del caso de los migrantes, pero –comentó– Felipe Calderón debe poner más atención en los asuntos internos.

“Sin duda, el buen juez por su casa empieza, especialmente en los puntos en donde se están concentrando los abusos contra los migrantes”, señaló.

Plascencia comentó también que han tenido contacto muy cercano con las autoridades y representantes de instituciones y organizaciones vinculadas al fenómeno migratorio. “Hemos aportado información, presentado denuncias a efecto de que tengan datos completos, certeros, de lo que está pasando en materia migratoria”.

El ombudsman advirtió que el secuestro y abuso de migrantes es “un fenómeno que ahí está” y que requiere la atención de todas las autoridades vinculadas con la seguridad pública y, por supuesto, en materia de migración.

El titular de la CNDH manifestó que ha percibido en el gobierno federal “más voluntad”, en principio por el hecho de reconocer la problemática y estar presente en el lugar de los hechos, donde ocurren los abusos. En el caso de las acciones en defensa de migrantes, el comisionado Beltrán del Río secundó a Plascencia, en el sentido que han tenido una comunicación permanente con instancias nacionales e internacionales para encontrar soluciones a la problemática.
Fabiola Martínez, La Jornada, 27 de enero.

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