Concesiones, tema que confronta al PRI y al PAN

Una de las claves de la reforma constitucional en materia energética está en la divergencia en los proyectos del Ejecutivo, que apoya el PRI, y el de Acción Nacional, sobre la figura de concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos. Un acuerdo entre ambas fuerzas “amarraría” la aprobación en el Congreso.

La iniciativa firmada por el presidente Enrique Peña Nieto rechaza la modalidad de concesión, pues advierte que implica derechos del titular sobre los hidrocarburos, y la propuesta del PAN reincorpora esta forma de contratación anterior a la expropiación petrolera, y la acompaña con un precepto que garantiza buscar el máximo beneficio de la renta petrolera.

Con todo, las dos propuestas se apoyan en la figura histórica de Lázaro Cárdenas. El PRI se propone reponer en la Constitución la reforma de 1940, que dictó el michoacano con la prohibición de expedir concesiones, en tanto que los panistas elogian el diseño industrial que en ese mismo año plasmó el divisionario en la legislación secundaria, que incluyó a particulares. 

La iniciativa del PRI “conserva la prohibición de otorgar concesiones que confieran derechos sobre nuestros recursos naturales a los particulares”, dice la exposición de motivos. Fuera del proyecto, autoridades federales señalan que el cambio constitucional facultaría al gobierno a otorgar Contratos de Utilidad Compartida en exploración y extracción de hidrocarburos. 

A su vez, el PAN expone que la renta petrolera es propiedad de la nación, y define que todos los procesos productivos pueden ser realizados tanto por el Estado como por particulares nacionales o extranjeros, en lo individual o en asociación. “Esta fue la idea que inspiró en su momento las reformas publicadas (por Lázaro Cárdenas) en 1940”, sostiene el PAN. 

Coinciden en apertura eléctrica

También en la Constitución, los dos proyectos proponen una apertura de la industria eléctrica, con un Sistema Eléctrico Nacional bajo control del Estado. Los priístas van por la participación de particulares en la generación eléctrica, mientras que los panistas rompen el monopolio estatal en este sector y defienden que se otorguen concesiones o permisos en las distintas áreas del proceso: generación transmisión, distribución y comercialización.

La reforma del Ejecutivo toca los artículos constitucionales 27 y 28, y expone implicaciones que tendría en el momento actual el modelo de hidrocarburos cardenista, retomado por Peña Nieto, pero omite toda referencia a la legislación reglamentaria en materia energética. 

Por su parte, Acción Nacional propone reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, de manera que tiene propuestas sin contraparte en la iniciativa del Ejecutivo, referentes a sustentabilidad, cambio climático, y perfila como órganos autónomos del Estado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y crea con la misma fuerza un Fondo Mexicano del Petróleo. 

Agotados los yacimientos convencionales que dieron a México el auge petrolero, con la explotación de la Sonda de Campeche, el futuro de la actividad con los hidrocarburos está en los mantos localizables a mucha profundidad, que reclaman grandes inversiones y muy amplios riesgos, señalan los proyectos que serán dictaminados en la Cámara de Senadores. 

En los escenarios del Ejecutivo y del PAN, Pemex explotará campos convencionales, en los que aplicará la fórmula ronda cero, esto es, sin oferta competidora, opción para la que serán convocados a concursar particulares en áreas de aguas profundas y ultraprofundas. 

El PRI plantea las reformas que disuelven el monopolio estatal y señala que ello deriva en el otorgamiento de Contratos de Utilidad Compartida en exploración y extracción, con mecanismos de pago en efectivo o en porcentaje de hidrocarburos. Se prevén permisos a particulares en eslabones industriales de refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento.

En materia eléctrica, el PRI destaca que se lleva al plano constitucional la apertura en el sector expresada en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de 1992, y que ha permitido que particulares generen ya 33% del fluido nacional. El ajuste dará igualdad de competencia, incluida la CFE respecto de los grandes usuarios.

En transmisión y distribución, la CFE se mantiene como servicio público exclusivo, con capacidad para financiarse y operar proyectos con asistencia de particulares. 

Apertura total

Bajo el signo de una apertura total, el diseño del PAN sostiene que con la debida protección a la recuperación de la renta petrolera, es posible aprovechar el potencial petrolero, y para atraer inversiones y tecnologías suficientes plantea las concesiones con la posibilidad de pagar a los participantes con dinero y producto extraído de los yacimientos.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos tendría a su cargo regular la exploración y extracción, al tiempo de que el Fondo Mexicano del Petróleo administraría la renta petrolera y se encargaría de conseguir su máximo beneficio. Sostiene el proyecto panista que el Estado, “al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio sobre el petróleo, de todos los hidrocarburos y de las respectivas vías de comunicación”. 

En cuestión eléctrica, el PAN establece que el Congreso tendría la obligación de expedir la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en la que se establecen disposiciones operativas de la rectoría del Estado, y dispondría la prohibición de la integración vertical de los servicios de energía eléctrica, a fin de evitar formación de monopolios. 

Cambio de paradigma a Pemex

Respecto de Petróleos Mexicanos (Pemex), los priístas impulsarán la visión de que la reforma “implicará un cambio de paradigma con dos componentes esenciales”, que le darán flexibilidad para conseguir mejores resultados. Se prevé que a la paraestatal se aplique un pago de derechos más bajo que en la actualidad, y que el remanente de esa tributación a Hacienda pueda ser reinvertido en la empresa. Una parte podrá ser transferida al Presupuesto, como un dividendo, para emplearse en gasto social (escuelas, hospitales, infraestructura de agua, carreteras).

“Este nuevo esquema hará que Pemex tenga un tratamiento fiscal comparable al de otras empresas petroleras en el mundo”, con lo que alineará los incentivos en relación con el gobierno federal, y le permitirá ser más competitiva.

A Pemex, como a la CFE, la iniciativa panista las define como propiedad del Estado, con autonomía de gestión y capacidad para determinar su mejor organización, y por tanto, “no serán parte del Presupuesto de Egresos de la Federación”. A propuesta de la Secretaría de Hacienda, la Cámara de Diputados aprobaría el techo financiero de ambas paraestatales y el nivel de capitalización al que se sujetarían.

Juan Arvizu, El Universal, 25 de noviembre.