Acusa PRD a Peña de 'torcer' telecom

La iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones del Presidente Enrique Peña Nieto distorsiona los avances logrados en la reforma constitucional, advirtieron diputados del PRD.

Miguel Alonso Raya, vicecoordinador de la bancada perredista, sostuvo que el proyecto es inaceptable y, por tanto, ni el Senado ni la Cámara baja lo pueden aprobar tal cual.

"Es una propuesta que pretende distorsionar y, en gran parte anular, los contenidos que se lograron plasmar en la Constitución.

"Sería una incongruencia aprobar leyes secundarias en telecomunicaciones que no se apegaran y no interpretaran correctamente la reforma constitucional", consideró.

Las modificaciones al texto constitucional en telecomunicaciones y en competencia económica, agregó, están entre los compromisos firmados en el Pacto por México.

"La reforma fue justamente para acotar, en la Constitución y las leyes respectivas, a los poderes fácticos y poner límites a su manera de actuar en el sector de telecomunicaciones", aseveró.

Peña Nieto, apuntó, pretende controlar decisiones sobre telecomunicaciones a costa de las otorgadas al órgano regulador.

"Pretender restar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y regresarla a las secretarías de Gobernación y a la de Comunicaciones y Transportes, como lo propone la iniciativa del Ejecutivo federal, es un retroceso y un intento de dar marcha atrás a lo aprobado en los artículos 6, 7, 27 y 28 de la Constitución", precisó.

Aun cuando no se ha aprobado la legislación secundaria, destacó que el IFT ha tomado sus primeras decisiones sustentado en los artículos transitorios de la reforma.

Ejemplo de ello, dijo, es la definición de agentes preponderantes y la transmisión gratuita de señales, conocido como must carry y must offer, entre otros.

Alonso Raya reiteró que las leyes secundarias que apruebe el Congreso deben interpretar con fidelidad las disposiciones constitucionales.

"Sin pretender anular, en la práctica, avances que ya se aprobaron en la Constitución para que los servicios de telefonía y telecomunicaciones sean más baratos para la población, y que ésta tenga una oferta más amplia con los nuevos canales que se liciten y con el canal público", resaltó.

En otro apartado del proyecto de Peña Nieto, expuso que el nombramiento de un consejo ciudadano que acompañe al nuevo canal de televisión pública tampoco se apega a la reforma.

"La iniciativa se refiere a un consejo consultivo que, prácticamente, designará quien quede como director del canal, y eso no es aceptable", agregó.

Claudia Salazar, Reforma, 29 de marzo.