El Senado debe armonizar leyes con la reforma: expertos

Expertos en telecomunicaciones advirtieron el enorme reto que tiene el Senado, al tener que “armonizar” las leyes secundarias de telecomunicaciones con la reforma en la materia aprobada el año pasado.

Consultado por Crónica, Ramiro Tovar Landa, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y consultor independiente en Regulación y Competencia Económica en Telecomunicaciones, señaló que la iniciativa establece medidas que contradicen lo indicado en la reforma constitucional.

Por ello, añadió, los legisladores deberán dotar a estas leyes secundarias de una redacción muy precisa para evitar más confusiones o contraposiciones con las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

En la reforma, dijo, se habían especificado determinadas funciones al Ifetel y en la redacción actual “no solamente limita algunas de las facultades originalmente cedidas a ese organismo constitucional autónomo, sino que respecto de medidas de preponderancia, las corrige, las adiciona o de plano las excede.

“Entonces vemos que en su redacción actual no es compatible lo que suponíamos debería hacer el Instituto respecto de lo que dice la iniciativa”, precisó.

Otro aspecto a corregir, entre muchos otros, es que en el documento se indica al operador preponderante (Telmex) en telecomunicaciones que deberá “desagregar y compartir sus redes, incluida la fibra óptica, con lo que vemos el trato desigual que se da a esa empresa, al poner a disposición de los otros operadores totalmente gratis el uso de sus redes, cuando sabemos que las cosas no son gratis, todo tiene un costo, y aquí no puede dejarse de lado el costo de oportunidad, que es la base de la noción económica”, puntualizó Tovar Landa.

BUSCAR INVERSIÓN. Consultado por separado, Jorge Fernando Negrete, director de la Consultoría Mediatelecom, dijo a este diario que los legisladores deberán procurar que todas las empresas inviertan más, ya que el sector tiene retos enormes establecidos en la Estrategia Digital Nacional.

También deberán concretar cambios a fin de estimular que las empresas del sector puedan reinvertir utilidades y obtener las mejores eficiencias de sus redes, al tiempo de que la ley “debe permitir la convergencia inmediata de servicios, ya que hoy en día Venezuela, Bolivia y México son los únicos países de América Latina que no tienen políticas de convergencia.

Asimismo, recomendó que se procure el acceso de todos los operadores a todas las redes, “no sólo a las del incumbente (Telcel y Telmex)”, a fin de lograr una verdadera convergencia de redes.

Otro de los aspectos importante es que esta iniciativa verdaderamente procure una reducción de tarifas y mayor calidad de los servicios.

“Creo que si logramos cumplir estos cinco grandes objetivos, verdaderamente se podrá lograr un cambio muy importante en telecomunicaciones en nuestro país”.

El especialista en telecomunicaciones aseveró que la ley “tiene aciertos como todas, y también tiene oportunidades para mejorar “no quiero entrar en crisis de si es constitucional o no. Creo que tiene cosas buenas, pero también se puede mejorar”.

Refirió que a esta iniciativa de ley le falta una definición muy precisa, extensa y muy robusta sobre el concepto de servicio público, porque no la tiene, y la reforma constitucional dice claramente que los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión son un servicio público, pero sucede que la ley no tiene ese concepto, se menciona la palabra “servicios públicos decenas de veces, pero  no da una sola definición y se debe tener”.

Sobre todo, abundó, porque en la reforma constitucional se dice que el derecho de acceso a las tecnologías de la información es un derecho fundamental y ese derecho se garantiza a través del acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.

Asimismo, avaló la regulación a los agentes económicos preponderantes, “pero también  tiene que hacer que los demás operadores que no son regulados así, sigan invirtiendo”.

De lo contrario advirtió que si sólo tienen acceso a la infraestructura de los incumbentes sin que les cueste, entonces dejarían de invertir “y si además no tiene obligación de servicio público a final de cuentas quienes acabarían invirtiendo sólo sería el gobierno”, consideró.

Creo que la reforma constitucional y la ley de telecomunicaciones y la regulación a los incumbentes, así como la Estrategia Digital Nacional, no van a funcionar si no se consolida el sector de telecomunicaciones, es decir, que compren, se recompren y se capitalicen para invertir.

De lo contrario, la ley será permisiva para la no inversión y prolongar, eventualmente, incluso hasta la descapitalización de muchas empresas que están en situación muy grave como Nextel o Telefónica, “si revisamos todas tienen problemas financieros, excepto Telmex y Telcel-, y si no se capitalizan y no se compran entre ellos, no vamos a tener empresas del tamaño como las que necesita México” y todo el gran esfuerzo del gobierno federal no va a funcionar, advirtió Fernando Negrete.

Cecilia Higuera, La Crónica, 31 de marzo.