Al cumplir 39 días preso, acusado de incitar a la violencia y crear el caos en Venezuela, ayer la Corte de Apelaciones de Caracas negó la petición de excarcelación presentada por la defensa del líder opositor Leopoldo López, preso en una cárcel militar desde el pasado 18 de febrero, informó ayer el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La máxima instancia judicial venezolana indicó en su página web que la Corte “declaró sin lugar el recurso de apelación” interpuesto por los abogados de López, acusado presuntamente incurrir en los delitos de ser “autor intelectual en incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir”.
Los abogados de López habían impugnado la decisión de un Tribunal de Caracas que formalizó la prisión del líder del partido Voluntad Popular (VP), quien se entregó voluntariamente el pasado 18 de febrero.
La Corte de Apelaciones, en un fallo fechado el 27 de marzo, mantiene los delitos imputados a López, tipificados en el Código Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Asimismo, mantuvo como sitio de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, un penal cercano a Caracas donde se hallan detenidos principalmente mandos militares acusados de diversos delitos.
FASCISMO. Al respecto, el líder opositor Henrique Capriles, consideró el fallo de la Corte como una “decisión fascista” y expresó su solidaridad con López en un mensaje enviado a través de la red social Twitter.
La esposa de López, Lilian Tintori, señaló por la misma vía que la justicia venezolana negó “la verdad” al rechazar la apelación presentada por los abogados del dirigente opositor.
Por su parte, el también opositor Carlos Vecchio, coordinador Político de Voluntad Popular, destacó que “sigue utilizándose la Injusticia para linchar” a López. “La escasez también es de la justicia”, aseveró.
El abogado Bernardo Pulido, del equipo de López, explicó que la Fiscalía tiene hasta el próximo 5 de abril para presentar la acusación formal contra el dirigente opositor.
ANTECEDENTE. López se entregó a las autoridades cuando pesaba en su contra una orden de detención, acusado de haber instigado los actos de violencia del día 12 de febrero, cuando una marcha pacífica acabó con ataques a bienes y edificios públicos en el centro de Caracas.
En la jornada se registraron además tres homicidios, por los que fueron detenidos ocho agentes de inteligencia.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó directamente a López por aquellos hechos violentos.
Tras ello, Venezuela quedó sumida en una ola de protestas contra la gestión de Maduro, algunas de las cuales han derivado en violencia que hasta la fecha ha cobrado 37 vidas y alrededor de medio millar de heridos.
La máxima instancia judicial venezolana indicó en su página web que la Corte “declaró sin lugar el recurso de apelación” interpuesto por los abogados de López, acusado presuntamente incurrir en los delitos de ser “autor intelectual en incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir”.
Los abogados de López habían impugnado la decisión de un Tribunal de Caracas que formalizó la prisión del líder del partido Voluntad Popular (VP), quien se entregó voluntariamente el pasado 18 de febrero.
La Corte de Apelaciones, en un fallo fechado el 27 de marzo, mantiene los delitos imputados a López, tipificados en el Código Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Asimismo, mantuvo como sitio de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, un penal cercano a Caracas donde se hallan detenidos principalmente mandos militares acusados de diversos delitos.
FASCISMO. Al respecto, el líder opositor Henrique Capriles, consideró el fallo de la Corte como una “decisión fascista” y expresó su solidaridad con López en un mensaje enviado a través de la red social Twitter.
La esposa de López, Lilian Tintori, señaló por la misma vía que la justicia venezolana negó “la verdad” al rechazar la apelación presentada por los abogados del dirigente opositor.
Por su parte, el también opositor Carlos Vecchio, coordinador Político de Voluntad Popular, destacó que “sigue utilizándose la Injusticia para linchar” a López. “La escasez también es de la justicia”, aseveró.
El abogado Bernardo Pulido, del equipo de López, explicó que la Fiscalía tiene hasta el próximo 5 de abril para presentar la acusación formal contra el dirigente opositor.
ANTECEDENTE. López se entregó a las autoridades cuando pesaba en su contra una orden de detención, acusado de haber instigado los actos de violencia del día 12 de febrero, cuando una marcha pacífica acabó con ataques a bienes y edificios públicos en el centro de Caracas.
En la jornada se registraron además tres homicidios, por los que fueron detenidos ocho agentes de inteligencia.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó directamente a López por aquellos hechos violentos.
Tras ello, Venezuela quedó sumida en una ola de protestas contra la gestión de Maduro, algunas de las cuales han derivado en violencia que hasta la fecha ha cobrado 37 vidas y alrededor de medio millar de heridos.
Recibió 50 mdd
Diosdado Cabello, demandado en Miami por sobornos
El periódico estadunidense El Nuevo Herald, reveló ayer que está en proceso una demanda en una corte de Miami, contra el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Diosdado Cabello, por haber recibido al menos 50 millones de dólares en sobornos de una firma venezolana de ingeniería para obtener jugosos contratos de electrificación del país petrolero.
La demanda fue interpuesta la semana pasada por Thor Halvorssen Mendoza, periodista venezolano y presidente de la organización Human Rights Foundation (HRF), con sede en Nueva York.
En la querella “se aportan pruebas de que Cabello recibió 50 millones de dólares en comisiones ilegales por sus conexiones con la empresa Derwick Associates Corporation”, dijo una fuente próxima al demandante. El activista Halvorssen presentó la demanda contra la citada empresa y sus dueños.
FACTURACIÓN. En la denuncia se argumenta “que decenas de millones de dólares fueron pagados por debajo de la mesa a altos funcionarios del régimen de Caracas, entre ellos Cabello, para que aceptaran enormes sobreprecios facturados por la realización de obras” de electrificación, destacó el rotativo.
De acuerdo con el demandante, estos pagos ilegales, supuestamente, “facilitaban el lavado de dinero y la sobrefacturación” por parte de los demandados: la citada compañía y sus propietarios, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Pedro Trebbau-López y Francisco D’Agostino Casado, además de su filial Derwick Associates USA.
INDAGATORIA. Halvorssen que, venía investigando el caso Derwick y sus ramificaciones, asegura que, como resultado de su pesquisa, los demandados “utilizaron declaraciones difamatorias para silenciarle como periodista” y dañar su reputación y relación contractual con dos medios en los que publicaba artículos: Forbes.com y el periódico Huffington Post.
De acuerdo con la demanda, “las actividades ilícitas de los acusados fueron personalmente confirmadas por uno o más ex empleados de la empresa Derwick”.
El periódico estadunidense El Nuevo Herald, reveló ayer que está en proceso una demanda en una corte de Miami, contra el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Diosdado Cabello, por haber recibido al menos 50 millones de dólares en sobornos de una firma venezolana de ingeniería para obtener jugosos contratos de electrificación del país petrolero.
La demanda fue interpuesta la semana pasada por Thor Halvorssen Mendoza, periodista venezolano y presidente de la organización Human Rights Foundation (HRF), con sede en Nueva York.
En la querella “se aportan pruebas de que Cabello recibió 50 millones de dólares en comisiones ilegales por sus conexiones con la empresa Derwick Associates Corporation”, dijo una fuente próxima al demandante. El activista Halvorssen presentó la demanda contra la citada empresa y sus dueños.
FACTURACIÓN. En la denuncia se argumenta “que decenas de millones de dólares fueron pagados por debajo de la mesa a altos funcionarios del régimen de Caracas, entre ellos Cabello, para que aceptaran enormes sobreprecios facturados por la realización de obras” de electrificación, destacó el rotativo.
De acuerdo con el demandante, estos pagos ilegales, supuestamente, “facilitaban el lavado de dinero y la sobrefacturación” por parte de los demandados: la citada compañía y sus propietarios, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Pedro Trebbau-López y Francisco D’Agostino Casado, además de su filial Derwick Associates USA.
INDAGATORIA. Halvorssen que, venía investigando el caso Derwick y sus ramificaciones, asegura que, como resultado de su pesquisa, los demandados “utilizaron declaraciones difamatorias para silenciarle como periodista” y dañar su reputación y relación contractual con dos medios en los que publicaba artículos: Forbes.com y el periódico Huffington Post.
De acuerdo con la demanda, “las actividades ilícitas de los acusados fueron personalmente confirmadas por uno o más ex empleados de la empresa Derwick”.
La Crónica, 29 de marzo.
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