“Contradictorias leyes en telecom”

Raúl Trejo Delarbre,  investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplaudió que en la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, haya una “muy completa regulación en telefonía”, fija y móvil.

Ello se da, dijo, en atención al espíritu de la reforma constitucional en que se le impone al operador dominante, Telmex y Telcel, obligaciones como las que estableció, aun antes de esta regulación el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que en días pasados emitió sus declaratorias de preponderancia en telefonía fija y móvil.

Consultado por Crónica, el también presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), calificó de pertinente la reglamentación de la preponderancia para telefonía; empero, para la televisión “hay una normatividad muy laxa, demasiado generosa”, al reducir los criterios para declarar la preponderancia para Televisa y Azteca.

“Está muy bien que a Telmex y Telcel se les declare preponderantes; pero está muy mal que se le haga el favor a Televisa de disminuir los criterios para declararla preponderante”, dijo.

Interrogado respecto a la conveniencia de que Telmex por fin entre a dar el servicio de televisión de paga, y con ello completar el cuádruple play (televisión, telefonía fija, móvil e internet), Trejo Delarbre señaló que su ausencia en este segmento de mercado “va en detrimento no solo de las empresas sino de los consumidores”.

“No hay motivo ni técnico, ni político, ni de mercado alguno, para que Telmex no esté compitiendo en este segmento… debiera de haber entrado hace ya algunos años, tan sólo con los ajustes a su título de concesión, y si no ha ocurrido es simplemente por una actitud proteccionista del Estado mexicano en beneficio de las televisoras que siguen acaparando no sólo televisión abierta, sino también de paga. Lo pongo así: si Televisa está en telefonía no hay motivo para que Telmex no esté en televisión”.

En términos generales, Trejo Delarbre consideró que la propuesta de leyes secundarias, es una iniciativa desafortunada, sorpresivamente contradictoria con la reforma constitucional, porque hace unos meses el gobierno de la República convalidó y respaldó cambios a la Constitución en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, y ahora promueve una suerte de contrarreforma.

Detalló que esta iniciativa es muy desafortunada, porque tiene una gran cantidad de aspectos, algunos técnicos otros no tanto, como que le reduce facultades constitucionales al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el sentido de que la reforma constitucional, creó un organismo intencionalmente fuerte y sólido, porque tiene que enfrentar a los muy poderosos consorcios como Telmex y Telcel, como Televisa y  Azteca. Por eso era un organismo con facultades excepcionalmente amplias  y con gran posibilidad para determinar la preponderancia y establecer sanciones.

Pese a ello, algunas de esas facultades son limadas, disminuidas en la iniciativa, como que establece que la obligación para que el Ifetel ciña su trabajo a la agenda que le dicte el gobierno, lo cual considero que es un error, para que subordine sus decisiones a la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer), y le quita entre otras atribuciones, la de revisar contenidos en radio y televisión, lo cual no implica censurar, sino que se cumplan los tiempos de publicidad, que se clasifiquen los programas y no se transmitan contenidos para adultos en horarios para niños, que se cumplan las disposiciones para publicidad, alcohol, tabaco.

Estas atribuciones se le asignan a la Secretaría de Gobernación lo cual a muchos nos parece que es un retroceso importante, porque durante décadas el gobierno federal a través de Gobernación supervisó contenidos en radio y televisión con una visión de amago y censura y es volver a los viejos tiempos en los que Gobernación fue como el fiscal de los medios; creo que es un grave error.

También recomendó revisar a profundidad la situación en que se encuentran medios públicos (canal 11, canal 22, el Imer y Radio Educación), ya que la Constitución dice que tendrán autonomía de gestión editorial, diversidad de financiamiento entre otras prerrogativas; sin embargo, la iniciativa recién presentada “no dice nada, no hay un capítulo de medios públicos, no hay disposiciones, no se reglamentan”.

Para el caso de algunos otros medios utilizados por universidades, no queda claro si son considerados como sujeto de concesiones públicas o sociales. Y en todo caso, a estos medios se les inhibe la posibilidad de comercializar algunos de sus espacios.

En la misma situación están los medios comunitarios e indígenas, respecto a la posibilidad de poder vender parte de sus espacios para poder hacerse de recursos económicos, aunque en la reforma constitucional se deja en claro la necesidad que tienen estos medios y el derecho que tendrían a comercializar servicios locales y tener una fuente de ingresos.

Cecilia Higuera, La Crónica, 31 de marzo.