Detectan fallas en ley de telecom

Organizaciones civiles, especialistas y agrupaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones propuesta por el Ejecutivo representa un riesgo.

En un documento, que será entregado al Senado en los próximos días, aseguraron que el planteamiento impulsado por el Presidente Enrique Peña Nieto se aleja de la reforma constitucional aprobada.

Además de las denuncias que señalan el debilitamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los inconformes alertaron sobre la intención del Gobierno de utilizar a las empresas del sector para intervenir comunicaciones privadas sin necesidad de orden judicial.

"La reforma vulneraría la privacidad de los usuarios al ampliar las facultades de intervención de comunicaciones, geolocalización en tiempo real sin controles, además de obligar a empresas de telefonía a conservar datos personales de los usuarios en un registro de comunicaciones, incluso de manera indefinida, y permitir el acceso de los mismos sin autorización judicial ni otras salvaguardas", alertaron.

En el pronunciamiento denunciaron que el proyecto del Gobierno y el PRI pretende beneficiar a las televisoras al disponer que la preponderancia en radiodifusión se defina tomando en cuenta a la audiencia y no la capacidad de transmisión o el número de concesiones.

El análisis de la iniciativa está firmado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), investigadores del Colegio de México y la Universidad Iberoamericana, así como integrantes de la organización Paz y Justicia con Dignidad, Somos más de 131 y el ex presidente de la Cofetel, Mony de Swaan.

OTRA INICIATIVA

El Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación pidió al Senado no dictaminar sólo la propuesta del Ejecutivo.

Solicitó a los legisladores tomar en cuenta la iniciativa ciudadana presentada desde hace meses en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Junto con la AMEDI, este organismo que agrupa la mayoría de las facultades y escuelas de comunicación de las universidades del País, señaló en un comunicado que la iniciativa diluye el alcance de lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, para establecer límites a la concentración de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada.

"Todo esto bajo la falsa premisa de que una regulación de esa naturaleza constituiría un abuso de control sobre los medios de comunicación que configuraría una forma de censura previa indirecta", afirman.

Según el consejo, el proyecto impide hacer exigibles las multas del órgano regulador hasta que las resoluciones causen estado, lo que representa una violación a la Constitución.

Denuncia

Según organizaciones civiles, el Gobierno y el PRI pretenden:

· Debilitar del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

· Utilizar a las empresas del sector para intervenir comunicaciones sin orden judicial.

· Obligar a empresas de telefonía a conservar datos personales de los usuarios.

· Permitir el acceso de los mismos sin autorización judicial ni otras salvaguardas.

· Beneficiar a las televisoras al disponer que la preponderancia se defina tomando en cuenta a la audiencia y no la capacidad de transmisión.

Claudia Guerrero, Reforma, 31 de marzo.