Indaga Maduro presunto golpe

CARACAS.- El Presidente Nicolás Maduro ordenó investigar a tres generales a los que acusa de conspirar para derrocarlo.

"He ordenado una investigación a fondo. Si se comprueban los graves indicios que tenemos, yo voy a aplicar la ley más severa para castigarlos a nombre de la moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", dijo Maduro durante su participación en los actos masivos para recordar el 20 aniversario de la salida de Hugo Chávez de la cárcel de Yare, tras su frustrado golpe de Estado en 1982.

La detención de los militares fue anunciada el lunes por el propio Maduro.

Los tres altos oficiales de la Aviación Bolivariana acusados de conspirar para derrocar al Presidente permanecen aislados desde el lunes en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar en Caracas.

Las múltiples versiones sobre los verdaderos motivos de su detención corrieron ayer a la velocidad de la luz sin un criterio único.

Hay un hecho, sin embargo, en el que coinciden todos los conocedores del mundillo militar: la Aviación no tiene capacidad ni poder de fuego para liderar sin la colaboración del Ejército un movimiento para deponer al Gobierno.

Valga el ejemplo del golpe de Estado de abril de 2002 contra el entonces Presidente Chávez para entenderlo. Los generales y almirantes que asumieron el liderazgo de las fuerzas armadas en aquellas horas no tenían cargo ni comando de tropa.

El movimiento fue aplastado horas después de que Pedro Carmona Estanga, el empresario al que entregaron la presidencia, disolvió todos los poderes públicos mediante un decreto dictatorial.

Chávez volvió al poder apoyado por los militares con comando de tropa.

El oficial de mayor rango que según el diario chavista Últimas Noticias lideraba la conspiración esta vez es un general de División llamado Oswaldo Hernández Sánchez.

Del movimiento también forman parte el general de Brigada Carlos Alberto Millán Yaguaracuto y el general de Brigada José Daniel Machillanda Díaz, ambos detenidos.

La abogada Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, intentó visitarlos la noche del lunes y tras cuarenta minutos de espera le negaron la entrada.

Los oficiales permanecían detenidos, pero al mediodía de ayer no habían sido trasladados a los tribunales militares.

Si el Gobierno quiere guardar las formas debería iniciar un antejuicio de mérito según lo establece el artículo 266 de la Constitución bolivariana, que faculta al Tribunal Supremo de Justicia debe declarar si hay mérito o no para enjuiciarlos por el rango que ostentan.

Alfredo Méndez, Reforma, 27 de marzo.