El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 462 votos, seis en contra y dos abstenciones suprimir de última hora de la minuta que reforma 10 artículos de la Constitución para establecer un nuevo sistema de justicia penal en México, la posibilidad de que la policía pudiera ingresar a cualquier domicilio sin orden judicial.
César Camacho Quiroz (PRI), presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, explicó desde la tribuna que el reto de la enmienda lograda tras casi un año de discusiones en el Congreso de la Unión es lograr un equilibrio inteligente y eficaz que permita combatir al crimen organizado, así como establecer un sistema de justicia penal moderno, garantista y respetuoso de los derechos humanos.
"Es nuestra convicción que estamos frente a una reforma trascendente. Es nuestra convicción que las propuestas, incluida, lo digo con toda claridad, la relacionada al ingreso (domiciliario) sin orden judicial, son medidas con base doctrinaria y jurisprudencial...", estableció el priísta y dijo que si el PRI, PAN, PVEM y Panal accedieron a eliminar el párrafo relacionado con el allanamiento fue porque escucharon, en una actitud abierta, los argumentos de las organizaciones de la sociedad civil que se manifestaron en contra de la medida.
"No admitimos comisión de error alguno. Estamos convencidos de la medida; éste no es el momento para implantarla".
En su alocución frente a la asamblea, el perredista Andrés Lozano celebró la rectificación por la que pugnó siempre su partido, junto con el PT y Convergencia, pero dijo que la verdadera razón de la supresión fue porque no estaba garantizada la aprobación del dictamen en los términos en que fue aprobado originalmente, primero por los propios diputados y luego por el Senado.
De ser ratificado, el decreto devuelto ayer al Senado se turnaría a los congresos estatales ya que deberá contar con el aval de al menos 16 congresos locales.
César Camacho Quiroz (PRI), presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, explicó desde la tribuna que el reto de la enmienda lograda tras casi un año de discusiones en el Congreso de la Unión es lograr un equilibrio inteligente y eficaz que permita combatir al crimen organizado, así como establecer un sistema de justicia penal moderno, garantista y respetuoso de los derechos humanos.
"Es nuestra convicción que estamos frente a una reforma trascendente. Es nuestra convicción que las propuestas, incluida, lo digo con toda claridad, la relacionada al ingreso (domiciliario) sin orden judicial, son medidas con base doctrinaria y jurisprudencial...", estableció el priísta y dijo que si el PRI, PAN, PVEM y Panal accedieron a eliminar el párrafo relacionado con el allanamiento fue porque escucharon, en una actitud abierta, los argumentos de las organizaciones de la sociedad civil que se manifestaron en contra de la medida.
"No admitimos comisión de error alguno. Estamos convencidos de la medida; éste no es el momento para implantarla".
En su alocución frente a la asamblea, el perredista Andrés Lozano celebró la rectificación por la que pugnó siempre su partido, junto con el PT y Convergencia, pero dijo que la verdadera razón de la supresión fue porque no estaba garantizada la aprobación del dictamen en los términos en que fue aprobado originalmente, primero por los propios diputados y luego por el Senado.
De ser ratificado, el decreto devuelto ayer al Senado se turnaría a los congresos estatales ya que deberá contar con el aval de al menos 16 congresos locales.
Nota de Rolando Ramos, El Economista, 27 de febrero.
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