Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron revisar de nueva cuenta el amparo que interpusieron Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar, por la objeción que hizo el Senado de la República en su nombramiento como integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), durante el sexenio de Vicente Fox.
Al rechazar el proyecto que presentó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien declaraba el sobreseimiento de la demanda de garantías, al considerar que Martínez Pous y Del Villar no contaban con facultad jurídica para reclamar el acto, se decidió entrar a estudiar de nuevo el asunto.
De inicio, Gudiño Pelayo manifestó que los personajes no contaban con interés jurídico para imponer la demanda, ya que ninguno de ellos tomó posesión en el cargo de comisionado, por lo que no podían impugnar una acción que no existía ni obligar al Presidente de la República a su nombramiento e instalación en la Cofetel.
Sin embargo, la mayoría de ministros dijeron que tanto Martínez Pous como Del Villar sí obtuvieron el nombramiento de comisionados, a partir del comunicado de fecha 9 de mayo del 2006, que el titular del Ejecutivo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Este hecho, puntualizaron, les confirió una situación jurídica especial, misma que al no haber tomado el cargo por la objeción que formuló la Comisión Permanente, afecta su esfera jurídica y los avala para acudir al juicio de amparo.
Afectaría resoluciones.
En tanto, fuentes de la Cofetel dijeron que si la Suprema Corte resuelve que los actuales comisionados, Gerardo González Abarca y Eduardo Ruiz Vega, no tienen un nombramiento válido, se corre el riesgo de que se frenen y anulen las resoluciones del organismo regulador, como Portabilidad Numérica, El que llama paga y consolidación de Áreas de Servicio Local, tras haberse basado en un "precepto inconstitucional".
Asimismo, advirtieron que el escenario se vislumbra complicado, pues "el fallo de la Corte puede traer consigo incertidumbre jurídica y de inversión para los operadores, y éstos a su vez trasladar esas afectaciones a los usuarios".
Además informaron, que la falta de acuerdos entre la SCT y la Cofetel ha provocado que la dependencia no dé salida a la renovación de las concesiones de varios operadores de televisión restringida y el de Iusacell para la región 9, correspondiente al área metropolitana.
Al rechazar el proyecto que presentó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien declaraba el sobreseimiento de la demanda de garantías, al considerar que Martínez Pous y Del Villar no contaban con facultad jurídica para reclamar el acto, se decidió entrar a estudiar de nuevo el asunto.
De inicio, Gudiño Pelayo manifestó que los personajes no contaban con interés jurídico para imponer la demanda, ya que ninguno de ellos tomó posesión en el cargo de comisionado, por lo que no podían impugnar una acción que no existía ni obligar al Presidente de la República a su nombramiento e instalación en la Cofetel.
Sin embargo, la mayoría de ministros dijeron que tanto Martínez Pous como Del Villar sí obtuvieron el nombramiento de comisionados, a partir del comunicado de fecha 9 de mayo del 2006, que el titular del Ejecutivo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Este hecho, puntualizaron, les confirió una situación jurídica especial, misma que al no haber tomado el cargo por la objeción que formuló la Comisión Permanente, afecta su esfera jurídica y los avala para acudir al juicio de amparo.
Afectaría resoluciones.
En tanto, fuentes de la Cofetel dijeron que si la Suprema Corte resuelve que los actuales comisionados, Gerardo González Abarca y Eduardo Ruiz Vega, no tienen un nombramiento válido, se corre el riesgo de que se frenen y anulen las resoluciones del organismo regulador, como Portabilidad Numérica, El que llama paga y consolidación de Áreas de Servicio Local, tras haberse basado en un "precepto inconstitucional".
Asimismo, advirtieron que el escenario se vislumbra complicado, pues "el fallo de la Corte puede traer consigo incertidumbre jurídica y de inversión para los operadores, y éstos a su vez trasladar esas afectaciones a los usuarios".
Además informaron, que la falta de acuerdos entre la SCT y la Cofetel ha provocado que la dependencia no dé salida a la renovación de las concesiones de varios operadores de televisión restringida y el de Iusacell para la región 9, correspondiente al área metropolitana.
Nota de Paloma Alcántara, El Economista, 27 de febrero.
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