Los legisladores federales mantienen congeladas alrededor de 12 iniciativas (cinco en el Senado y siete en la Cámara de Diputados) sobre la seguridad de los migrantes centro y sudamericanos que cruzan por territorio nacional, presentadas entre noviembre de 2009 y diciembre de 2010.
Los proyectos buscan garantizar la protección de los derechos de los extranjeros en México y fortalecer al Instituto Nacional de Migración (INM).
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, en el Senado y en la Cámara de Diputados están frenadas iniciativas que proponen, entre otros temas, la creación de una fiscalía especializada en atención a los migrantes, dependiente al cien por ciento de la Procuraduría General de la República; prevén que para su dirección, el Senado elija de entre una terna enviada por el Ejecutivo al titular del INM.
A pesar de que en agosto de 2010 el fenómeno migratorio despertó el interés de los senadores, tras la muerte de 72 indocumentados en Tamaulipas, la Junta de Coordinación Política, presidida por el senador panista José González Morfín, no incluyó en la lista de prioridades legislativas para el periodo ordinario de sesiones —que concluyó el 15 de diciembre— una reforma integral a la política migratoria del país.
Frente a la tensión diplomática de El Salvador, Honduras y Guatemala con México por el presunto secuestro de 50 indocumentados que viajaban por territorio oaxaqueño, el portavoz del PRI, Carlos Macías, anunció que presentará un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para exigir al gobierno federal que este caso se aclare.
Los proyectos de reforma para la política migratoria de las tres principales fuerzas políticas en ambas cámaras coinciden en que la normatividad vigente no incluye un enfoque de protección de derechos humanos, y se articula a partir del concepto de “expulsión” del territorio mexicano.
El senador del PRD, Rubén González, uno de los principales promotores de la agenda migratoria, dijo que su bancada tiene lista otra iniciativa para crear la Ley de Migración Integral en México.
Los proyectos buscan garantizar la protección de los derechos de los extranjeros en México y fortalecer al Instituto Nacional de Migración (INM).
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, en el Senado y en la Cámara de Diputados están frenadas iniciativas que proponen, entre otros temas, la creación de una fiscalía especializada en atención a los migrantes, dependiente al cien por ciento de la Procuraduría General de la República; prevén que para su dirección, el Senado elija de entre una terna enviada por el Ejecutivo al titular del INM.
A pesar de que en agosto de 2010 el fenómeno migratorio despertó el interés de los senadores, tras la muerte de 72 indocumentados en Tamaulipas, la Junta de Coordinación Política, presidida por el senador panista José González Morfín, no incluyó en la lista de prioridades legislativas para el periodo ordinario de sesiones —que concluyó el 15 de diciembre— una reforma integral a la política migratoria del país.
Frente a la tensión diplomática de El Salvador, Honduras y Guatemala con México por el presunto secuestro de 50 indocumentados que viajaban por territorio oaxaqueño, el portavoz del PRI, Carlos Macías, anunció que presentará un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para exigir al gobierno federal que este caso se aclare.
Los proyectos de reforma para la política migratoria de las tres principales fuerzas políticas en ambas cámaras coinciden en que la normatividad vigente no incluye un enfoque de protección de derechos humanos, y se articula a partir del concepto de “expulsión” del territorio mexicano.
El senador del PRD, Rubén González, uno de los principales promotores de la agenda migratoria, dijo que su bancada tiene lista otra iniciativa para crear la Ley de Migración Integral en México.
Elena Michel, El Universal, 3 de enero.
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