Aunque nueve estados han avanzado en legislar sobre el delito de trata de personas, en la práctica estas normatividades parecen ser “leyes muertas”. Salvo cuatro casos en el Distrito Federal, en ninguna entidad hay sentencias.
Activistas y legisladores coinciden en que el miedo de las víctimas de denunciar, los procedimientos poco profesionales en las indagatorias y la incompetencia de autoridades propician que de momento no haya personas castigadas por este delito.
Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas en la Cámara de Diputados, asegura que la mayoría de las procuradurías en los estados no tienen la correcta atención a las víctimas.
“Por lo general no están capacitados para recibirlas; en ocasiones son niñas a las que se les trata de prostitutas”.
La legisladora dice que hay una falta de entendimiento sobre el problema que parece no merecer la debida atención. “En los estados, hoy, no conocemos operativos ni sentencias”.
Con esta visión coincide el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, Raúl Arroyo, quien señala que en ese estado el aspecto jurídico ya se cumplió al legislar sobre la materia, lo que representa un avance, sin embargo, “aún hay eslabones sueltos” que pueden permitir que este delito se reproduzca.
El ombudsman añade que la falta de cultura de la denuncia es otro problema por el cual persiste la impunidad.
Atención a víctimas
La legisladora federal hace énfasis en que las leyes creadas en los estados son un avance, pero sólo tipifican el delito y no incluyen ningún capítulo que proteja a las víctimas.
“En muchos estados, antes de capacitar, hacer operativos o instruir a los ministerios públicos, deben pensar también en las víctimas… éstas deben tener refugios en coordinación con la sociedad civil o derechos humanos”.
Rosi Orozco asegura que sólo en el Distrito Federal se trata correctamente a las víctimas, mientras que en los estados estos procesos están sumamente atrasados y atentan contra los derechos de las mujeres.
De un total de nueve estados que cuentan con legislación aprobada y publicada, ninguno tiene registradas sentencias contra tratantes. La legisladora resalta que en Tlaxcala hay 57 averiguaciones previas, pero ninguna persona ha sido sentenciada.
“Incluso una vez en Guanajuato hice una denuncia públicamente, me pidió el alcalde que si tenía información denunciara y denuncié… eso fue hace tres meses y no ha pasado nada”.
Puebla y Tlaxcala, un problema
Marian del Castillo González, subdirectora de Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reconoce que Tlaxcala y Puebla son estados con problemas graves sobre este delito.
También admite que es un delito poco denunciado y por tanto no hay estadísticas de cómo se comporta este fenómeno en el país.
Luz María Vázquez Ávila, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (Cedht), asegura que están tratando de capacitar a las autoridades en esta materia.
“Siempre he insistido que el asunto de trata de personas se da en todo el estado de Tlaxcala, en casi todos los municipios, solamente algunos no tendrán ese problema, pero es un problema que ha crecido, desafortunadamente, en el estado”, explica.
En el caso de Puebla, dice Rosi Orozco, se ha notado un interés en que avancen estos métodos y medidas de protección a víctimas. Ese estado se ha acercado para pedir asesoría sobre cómo mejorar los procesos.
El Congreso del estado avaló el 25 de noviembre pasado, después de 10 meses de su propuesta, la Ley para la Prevención del Delito de Trata de Personas. Se prevén penas de seis a 15 años de cárcel y multas económicas de dos mil hasta 15 mil días de salario mínimo, según la gravedad del delito.
La presidenta de la comisión de Equidad y Género, Bárbara Ganime Bornne, recalcó que es necesario incluir dentro del plan de gobierno de la próxima administración la creación de un Centro de Atención Integral para Víctimas de Trata.
Sin embargo, reconoció que la concreción de este proyecto sería compleja, tomando en cuenta que se necesita erogar un monto adicional para infraestructura y personal.
En casos como Baja California, la ley fue propuesta, discutida y aprobada; sin embargo, no ha sido publicada.
“Ya no se puede dar marcha atrás. La aprobó el pleno del Congreso anterior y debe ser publicada”, afirma la coordinadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Gabriela Navarro Peraza, quien menciona que este año debe quedar lista.
Activistas y legisladores coinciden en que el miedo de las víctimas de denunciar, los procedimientos poco profesionales en las indagatorias y la incompetencia de autoridades propician que de momento no haya personas castigadas por este delito.
Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas en la Cámara de Diputados, asegura que la mayoría de las procuradurías en los estados no tienen la correcta atención a las víctimas.
“Por lo general no están capacitados para recibirlas; en ocasiones son niñas a las que se les trata de prostitutas”.
La legisladora dice que hay una falta de entendimiento sobre el problema que parece no merecer la debida atención. “En los estados, hoy, no conocemos operativos ni sentencias”.
Con esta visión coincide el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, Raúl Arroyo, quien señala que en ese estado el aspecto jurídico ya se cumplió al legislar sobre la materia, lo que representa un avance, sin embargo, “aún hay eslabones sueltos” que pueden permitir que este delito se reproduzca.
El ombudsman añade que la falta de cultura de la denuncia es otro problema por el cual persiste la impunidad.
Atención a víctimas
La legisladora federal hace énfasis en que las leyes creadas en los estados son un avance, pero sólo tipifican el delito y no incluyen ningún capítulo que proteja a las víctimas.
“En muchos estados, antes de capacitar, hacer operativos o instruir a los ministerios públicos, deben pensar también en las víctimas… éstas deben tener refugios en coordinación con la sociedad civil o derechos humanos”.
Rosi Orozco asegura que sólo en el Distrito Federal se trata correctamente a las víctimas, mientras que en los estados estos procesos están sumamente atrasados y atentan contra los derechos de las mujeres.
De un total de nueve estados que cuentan con legislación aprobada y publicada, ninguno tiene registradas sentencias contra tratantes. La legisladora resalta que en Tlaxcala hay 57 averiguaciones previas, pero ninguna persona ha sido sentenciada.
“Incluso una vez en Guanajuato hice una denuncia públicamente, me pidió el alcalde que si tenía información denunciara y denuncié… eso fue hace tres meses y no ha pasado nada”.
Puebla y Tlaxcala, un problema
Marian del Castillo González, subdirectora de Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reconoce que Tlaxcala y Puebla son estados con problemas graves sobre este delito.
También admite que es un delito poco denunciado y por tanto no hay estadísticas de cómo se comporta este fenómeno en el país.
Luz María Vázquez Ávila, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (Cedht), asegura que están tratando de capacitar a las autoridades en esta materia.
“Siempre he insistido que el asunto de trata de personas se da en todo el estado de Tlaxcala, en casi todos los municipios, solamente algunos no tendrán ese problema, pero es un problema que ha crecido, desafortunadamente, en el estado”, explica.
En el caso de Puebla, dice Rosi Orozco, se ha notado un interés en que avancen estos métodos y medidas de protección a víctimas. Ese estado se ha acercado para pedir asesoría sobre cómo mejorar los procesos.
El Congreso del estado avaló el 25 de noviembre pasado, después de 10 meses de su propuesta, la Ley para la Prevención del Delito de Trata de Personas. Se prevén penas de seis a 15 años de cárcel y multas económicas de dos mil hasta 15 mil días de salario mínimo, según la gravedad del delito.
La presidenta de la comisión de Equidad y Género, Bárbara Ganime Bornne, recalcó que es necesario incluir dentro del plan de gobierno de la próxima administración la creación de un Centro de Atención Integral para Víctimas de Trata.
Sin embargo, reconoció que la concreción de este proyecto sería compleja, tomando en cuenta que se necesita erogar un monto adicional para infraestructura y personal.
En casos como Baja California, la ley fue propuesta, discutida y aprobada; sin embargo, no ha sido publicada.
“Ya no se puede dar marcha atrás. La aprobó el pleno del Congreso anterior y debe ser publicada”, afirma la coordinadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Gabriela Navarro Peraza, quien menciona que este año debe quedar lista.
El Universal, 3 de enero.
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