La organización Human Rights Watch (HRW) cuestionó en su informe anual el aumento de los abusos cometidos por el Ejército mexicano durante los operativos de seguridad pública y la responsabilidad del Gobierno en la violación a los derechos humanos de los migrantes.
En el reporte presentado ayer, el organismo internacional advierte que civiles, defensores de derechos humanos e indocumentados son atacados deliberadamente por grupos delictivos y miembros de las fuerzas de seguridad bajo el desamparo de las autoridades federales.
"Los militares mexicanos continúan cometiendo serios abusos en operaciones de seguridad pública, y aquellos responsables virtualmente nunca rinden cuentas", sostiene HRW en su informe global, divulgado en Bruselas.
"En el marco de sus actividades de seguridad pública, las Fuerzas Armadas han cometido graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones, torturas y violaciones sexuales".
La organización ilustra los abusos cometidos por las fuerzas castrenses con el caso de Martín y Bryan Almanza, de 9 y 5 años de edad, quienes fueron asesinados en abril de 2010 cuando el automóvil en el que se trasladaban fue alcanzado por disparos al pasar un retén en Tamaulipas.
"El Ejército alegó que se trató de un enfrentamiento armado entre soldados y delincuentes. Sin embargo, una investigación posterior de la CNDH reveló que los militares habían manipulado la evidencia encontrada en el lugar de los hechos y que los responsables de estas muertes eran soldados".
De acuerdo con la edición 21 del informe anual de HRW, desde 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha reportado 65 casos de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y, durante el primer semestre de 2010 recibió más de mil 100 quejas adicionales de violaciones a las garantías individuales.
Por otro parte, el organismo establece que los indocumentados que cruzan por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos no sólo están desprotegidos por parte de las autoridades, sino que en ocasiones son éstas las que violan sus derechos.
"Las autoridades no han tomado medidas adecuadas para proteger a los migrantes ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos. Son muy pocos los casos en los que las autoridades informan a los migrantes sobre sus derechos, como el derecho a pedir asilo, y con frecuencia son las mismas autoridades las responsables de los abusos", refiere.
Reporta que, desde el año 2007, un total de 350 funcionarios, casi el 15 por ciento del personal, han sido despedido por presuntos vínculos con el crimen organizado y delitos como la trata de personas.
En su informe, Human Rights Watch deja, además, constancia de las deficiencias del sistema judicial para impartir justicia, la corrupción, la falta de recursos y la deficiente capacitación de las autoridades.
Reprueban protección y justicia
Algunas cifras que destaca el organismo internacional en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos:
- 1,100 denuncias contra el Ejército atendió la CNDH en el primer semestre de 2010.
- 350 funcionarios del INM despedidos desde 2007 por vínculos con el crimen.
- 1 soldado condenado por la justicia militar de 2007 a la fecha.
- 40% de los reclusos en México no ha sido condenado.
En el reporte presentado ayer, el organismo internacional advierte que civiles, defensores de derechos humanos e indocumentados son atacados deliberadamente por grupos delictivos y miembros de las fuerzas de seguridad bajo el desamparo de las autoridades federales.
"Los militares mexicanos continúan cometiendo serios abusos en operaciones de seguridad pública, y aquellos responsables virtualmente nunca rinden cuentas", sostiene HRW en su informe global, divulgado en Bruselas.
"En el marco de sus actividades de seguridad pública, las Fuerzas Armadas han cometido graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones, torturas y violaciones sexuales".
La organización ilustra los abusos cometidos por las fuerzas castrenses con el caso de Martín y Bryan Almanza, de 9 y 5 años de edad, quienes fueron asesinados en abril de 2010 cuando el automóvil en el que se trasladaban fue alcanzado por disparos al pasar un retén en Tamaulipas.
"El Ejército alegó que se trató de un enfrentamiento armado entre soldados y delincuentes. Sin embargo, una investigación posterior de la CNDH reveló que los militares habían manipulado la evidencia encontrada en el lugar de los hechos y que los responsables de estas muertes eran soldados".
De acuerdo con la edición 21 del informe anual de HRW, desde 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha reportado 65 casos de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y, durante el primer semestre de 2010 recibió más de mil 100 quejas adicionales de violaciones a las garantías individuales.
Por otro parte, el organismo establece que los indocumentados que cruzan por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos no sólo están desprotegidos por parte de las autoridades, sino que en ocasiones son éstas las que violan sus derechos.
"Las autoridades no han tomado medidas adecuadas para proteger a los migrantes ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos. Son muy pocos los casos en los que las autoridades informan a los migrantes sobre sus derechos, como el derecho a pedir asilo, y con frecuencia son las mismas autoridades las responsables de los abusos", refiere.
Reporta que, desde el año 2007, un total de 350 funcionarios, casi el 15 por ciento del personal, han sido despedido por presuntos vínculos con el crimen organizado y delitos como la trata de personas.
En su informe, Human Rights Watch deja, además, constancia de las deficiencias del sistema judicial para impartir justicia, la corrupción, la falta de recursos y la deficiente capacitación de las autoridades.
Reprueban protección y justicia
Algunas cifras que destaca el organismo internacional en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos:
- 1,100 denuncias contra el Ejército atendió la CNDH en el primer semestre de 2010.
- 350 funcionarios del INM despedidos desde 2007 por vínculos con el crimen.
- 1 soldado condenado por la justicia militar de 2007 a la fecha.
- 40% de los reclusos en México no ha sido condenado.
Inder Bugarin y Daniela Rea, Reforma, 25 de enero.
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