Iniciativa de ley criminaliza a migrantes, acusan especialistas

La Ley de Migración que se encuentra en discusión en el Senado profundiza y fortalece la visión que criminaliza a los migrantes, indicaron académicos y miembros de la sociedad civil.

El Colegio de México fue sede de un foro de discusión sobre la iniciativa de Ley de Migración que desde el pasado 9 de diciembre se estudia en la Cámara alta.

En el foro se concluyó que los derechos humanos de los migrantes siguen estando amenazados pese al avance que significa una reforma en la materia.

José Antonio Guevara Bermúdez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consideró que aspectos contenidos en la iniciativa como los aseguramientos de migrantes y los retenes o filtros de control migratorio complican la defensa de los derechos de los migrantes.

“Eso es inaceptable si realmente queremos cambiar el paradigma con una nueva legislación”, dijo Guevara Bermúdez.

El experto consideró que los aseguramientos a los que son sometidos los extranjeros son una forma de señalarlos como perniciosos para el país y de mantenerlos en un régimen de sospecha ante la posibilidad de que puedan amenazar la seguridad nacional.

Asimismo, explicó que los plazos que se establecen para el aseguramiento de extranjeros, de 15 a 60 días hábiles, violan los tiempos constitucionales para cualquier forma de detención administrativa, incluso la más grave, que es el arraigo.

“Los aseguramientos son a todas luces contrarios a la Constitución”, sostuvo.

Caso semejante, dijo, ocurre con el tema de los retenes migratorios, el cual carece de fundamento en las leyes para que agentes migratorios soliciten a cualquier persona identificarse y comprobar su nacionalidad.

Detalló que lo anterior significa un conflicto legal tomando en cuenta que el artículo 16 de la Constitución señala que nadie puede ser molestado en su persona, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad.

Durante su ponencia, recordó que México en el extranjero defiende a los connacionales de este tipo de políticas, sin embargo, en el país los retenes no están justificados y, al aplicarse, se hacen de forma discrecional, arbitraria y basadas en prejuicios raciales como el color de piel, idioma o apariencia,

“¿Como hará la autoridad migratoria para distinguir entre un mexicano y un migrante?, ¿por el color de piel?, ¿por el idioma que habla?, cualquier medida para distinguir a uno de otro será discriminatorio”, recalcó Guevara Bermúdez.

En su turno, Perseo Quiroz, de la organización Sin Fronteras, dijo que es ilusorio que los derechos humanos de los migrantes no sean violados, tomando en cuenta que en México no se tiene un adecuado acceso a la justicia.
Carlos D. Medina, La Crónica, 27 de enero.

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