La privacidad de los usuarios de internet en México está en riesgo, alerta Julio César Vega Gómez, director general de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).
El especialista pide al gobierno federal que no firme el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA en inglés), que en 2007 comenzaron a promover EU, la Comisión Europea, Suiza y Japón con el fin de combatir la piratería en el mundo, y reforzar la protección de la propiedad intelectual.
Las negociaciones del acuerdo, en las que participaron 37 países, entre ellos México, concluyeron a finales de 2010, y con ello se abre la posibilidad de que este año el Senado de la República sea el encargado de su posible ratificación.
Una de las disposiciones del ACTA que más preocupa a la AMIPCI es la relativa a la “Observancia en el ámbito digital”, que establece que “cada una de las partes podrá conceder, conforme a sus leyes y reglamentos, a sus autoridades competentes, la facultad de ordenar a un proveedor de servicios en línea que divulgue de forma expedita a un titular de derechos (poseedor de la propiedad intelectual), información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para llevar a cabo una infracción”.
Vega Gómez considera que este apartado obligaría a los proveedores de servicios de internet en México a vigilar las actividades de los usuarios de internet, así como todas las comunicaciones que mantienen a través de sus sistemas, lo que representaría la violación a la privacidad, además de resultar en cargas impositivas para las empresas.
Medidas de este tipo generarían un entorno de persecución a priori que señalaría culpables antes de demostrar que lo son, añade, y podrían impactar negativamente en la industria al “inhibir la actividad en línea y el crecimiento de usuarios de internet en México”.
Otro de los puntos que disparan la alerta en la AMIPCI es que bajo este esquema, la decisión de vigilar a determinados usuarios y monitorear contenidos recaería en un grupo de personas y en un procedimiento no necesariamente apegado a los procesos judiciales establecidos en las leyes y códigos mexicanos. “Esto podría hacer que estemos en manos de personas que tal vez no sean expertos y que estuvieran tomando decisiones erróneas”, argumentó Vega Gómez.
Ante este escenario la postura es clara, y según Julio César Vega Gómez, los proveedores de servicios de internet, al igual que el resto de los afiliados a la AMIPCI —entre los que se encuentran empresas como Axtel y Prodigy—, suscriben sus dichos al manifestar un total rechazo a los actos ilícitos en internet, pero enfatizan que su persecución debe ir de la mano con un sistema que brinde garantías a todos los involucrados.
La AMIPCI considera que el ACTA debe ser revisado minuciosamente para evitar las mencionadas violaciones a disposiciones legales, y de ser necesario, borrar del tratado todas estas vulneraciones en potencia.
Incongruencias
La negociación del Acuerdo Comercial Antifalsificación del gobierno federal, principalmente a cargo de la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, representan para Vega Gómez, un escenario de incongruencias, y señala dos ejemplos: por un lado se trabaja en una ley de protección a los datos personales, y por otro se promueven acuerdos que invaden la privacidad; también se promueve el uso de internet mediante programas como e-México, y se imponen gravámenes, como el IEPS, a las telecomunicaciones.
De la versión final del documento, cuyo contenido publicó en diciembre de 2010 el IMPI en su página electrónica, la AMIPCI sigue considerando que hay vulnerabilidades importantes a los usuarios y las empresas, “y como consecuencia tendríamos la vigilancia indiscriminada de los usuarios y de la actividad que ejercemos dentro de la red, que podría ser violatoria de la Ley Federal de Protección de Datos Personales”.
“Tendríamos autoridades que fungirían como jueces sin ser parte del Poder Judicial”, concluye Julio César Vega Gómez .
El especialista pide al gobierno federal que no firme el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA en inglés), que en 2007 comenzaron a promover EU, la Comisión Europea, Suiza y Japón con el fin de combatir la piratería en el mundo, y reforzar la protección de la propiedad intelectual.
Las negociaciones del acuerdo, en las que participaron 37 países, entre ellos México, concluyeron a finales de 2010, y con ello se abre la posibilidad de que este año el Senado de la República sea el encargado de su posible ratificación.
Una de las disposiciones del ACTA que más preocupa a la AMIPCI es la relativa a la “Observancia en el ámbito digital”, que establece que “cada una de las partes podrá conceder, conforme a sus leyes y reglamentos, a sus autoridades competentes, la facultad de ordenar a un proveedor de servicios en línea que divulgue de forma expedita a un titular de derechos (poseedor de la propiedad intelectual), información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para llevar a cabo una infracción”.
Vega Gómez considera que este apartado obligaría a los proveedores de servicios de internet en México a vigilar las actividades de los usuarios de internet, así como todas las comunicaciones que mantienen a través de sus sistemas, lo que representaría la violación a la privacidad, además de resultar en cargas impositivas para las empresas.
Medidas de este tipo generarían un entorno de persecución a priori que señalaría culpables antes de demostrar que lo son, añade, y podrían impactar negativamente en la industria al “inhibir la actividad en línea y el crecimiento de usuarios de internet en México”.
Otro de los puntos que disparan la alerta en la AMIPCI es que bajo este esquema, la decisión de vigilar a determinados usuarios y monitorear contenidos recaería en un grupo de personas y en un procedimiento no necesariamente apegado a los procesos judiciales establecidos en las leyes y códigos mexicanos. “Esto podría hacer que estemos en manos de personas que tal vez no sean expertos y que estuvieran tomando decisiones erróneas”, argumentó Vega Gómez.
Ante este escenario la postura es clara, y según Julio César Vega Gómez, los proveedores de servicios de internet, al igual que el resto de los afiliados a la AMIPCI —entre los que se encuentran empresas como Axtel y Prodigy—, suscriben sus dichos al manifestar un total rechazo a los actos ilícitos en internet, pero enfatizan que su persecución debe ir de la mano con un sistema que brinde garantías a todos los involucrados.
La AMIPCI considera que el ACTA debe ser revisado minuciosamente para evitar las mencionadas violaciones a disposiciones legales, y de ser necesario, borrar del tratado todas estas vulneraciones en potencia.
Incongruencias
La negociación del Acuerdo Comercial Antifalsificación del gobierno federal, principalmente a cargo de la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, representan para Vega Gómez, un escenario de incongruencias, y señala dos ejemplos: por un lado se trabaja en una ley de protección a los datos personales, y por otro se promueven acuerdos que invaden la privacidad; también se promueve el uso de internet mediante programas como e-México, y se imponen gravámenes, como el IEPS, a las telecomunicaciones.
De la versión final del documento, cuyo contenido publicó en diciembre de 2010 el IMPI en su página electrónica, la AMIPCI sigue considerando que hay vulnerabilidades importantes a los usuarios y las empresas, “y como consecuencia tendríamos la vigilancia indiscriminada de los usuarios y de la actividad que ejercemos dentro de la red, que podría ser violatoria de la Ley Federal de Protección de Datos Personales”.
“Tendríamos autoridades que fungirían como jueces sin ser parte del Poder Judicial”, concluye Julio César Vega Gómez .
Víctos Solís, El Universal, 17 de enero.
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