Tres años después de aprobar una de las leyes antimigrantes más estrictas de Estados Unidos —que inspiró posteriormente a la SB1070 de Arizona— el condado de Prince William en Virgina va ganando la “guerra” contra la migración indocumentada.
“Todos los que se podían ir se han ido”, dijo a MILENIO Diario John Steinbach, integrante del colectivo “Mexicanos sin Fronteras”, organización no gubernamental dedicada a proteger los derechos de los indocumentados en el condado, ubicado a dos horas al oeste de Washington DC.
El condado ha registrado un marcado descenso en el número de mexicanos y salvadoreños, según asegura un estudio de la Universidad de Virginia realizado en diciembre de 2010.
“El crecimiento en la población hispana del condado se ha estancado. Mientras el condado de Prince William representó el mayor crecimiento de la población hispana en la zona entre 2000 y 2006, desde la aprobación de la ley todo el crecimiento hispano se ha ubicado afuera”, estimó la Universidad, que calculó que aproximadamente 7 mil 400 indocumentados prefirieron abandonar el área a seguir siendo blanco de una de las leyes más restrictivas del país.
La ley, conocida como “Acta de Estado de Derecho de Virginia”, fue aprobada en julio de 2007, después de que miles de migrantes mexicanos, atraídos por los abundantes empleos en la industria de la construcción de mansiones, se mudaran al área y cambiaran su composición racial, anteriormente caucásica en su mayor parte.
Entre otras previsiones, el acta incluye una cláusula que ha permitido a la Policía actuar a manera de agentes de la migra: pide revisar el estatus migratorio de cualquier persona “si existe una sospecha fundada” de que carece de papeles.
En abril de 2008, el condado firmó un acuerdo 287G con el Departamento de Seguridad Interna, mediante el cual la cárcel local, la oficina del sheriff y el departamento de Policía accedieron a revisar el estatus migratorio de cualquier persona detenida, sin importar la gravedad de la infracción.
“Ha sido una política de forzar a los indocumentados a dejar la zona a través de una presión constante, desgastante”, dijo Steinbach.
No nos quieren aquí
Salvador Roldán, activista mexicano en la zona, asegura que la situación ha llegado al punto de ser “insostenible” para los indocumentados, muchos de los cuales han preferido regresar a México o mudarse a otros estados de EU ante el temor de ser detenidos.
“Hace unos días arrestaron a unos muchachos por conducir sin licencia. La vida aquí se ha vuelto muy difícil porque tenemos que estar cuidando constantemente nuestro estatus migratorio. Lo primero que hacen siempre es pedirnos nuestros papeles”, dijo.
Poco a poco, el terreno de la comunidad migrante, su libertad de acción, se reduce en la zona. Recientemente, se expulsó a los trabajadores indocumentados del estacionamiento del 7-11 ubicado en la avenida Jefferson Davies, principal punto al que acuden los contratistas en busca de mano de obra barata.
Por órdenes de la policía, los trabajadores no deben traspasar hacia el estacionamiento, considerado propiedad privada. En cambio, deben permanecer al otro lado de una reja, en un terreno baldío, lo que hace que sea más difícil verlos y, por ende, contratarlos.
A primera vista son pequeños cambios. Pero aunados a otros como la ley, la migratización de la policía local y la intención de prohibir las “casas comunales” —departamentos o casas en las que habitan más de cinco trabajadores para poder pagar la renta— poco a poco toma forma una especie de muro legal que cada vez hace el ambiente lo más hostil posible.
“No nos quieren aquí”, dijo Roldán. “Ha habido muchas detenciones, de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, de mexicanos para ser deportados”.
“Indocumentados asesinos”
El modelo del Condado de Prince William está a punto de volverse estatal. Impulsada por el presidente de la Junta de Supervisores, Corey Stewart, una campaña denominada “Estado de Derecho en Virginia” fue lanzada a finales del año pasado para lograr que en 2011 todo el estado de Virginia adopte una ley similar a la del condado.
Stewart aseguró que la campaña tiene por meta “evitar que más personas sean asesinadas por indocumentados. De lo debemos a nuestros amigos muertos, a nosotros, a nuestras familias, detener la migración ilegal”.
Woodbridge, Virginia, Estados Unidos. Víctor Hugo Michel, enviado, Milenio, 15 de enero.
“Todos los que se podían ir se han ido”, dijo a MILENIO Diario John Steinbach, integrante del colectivo “Mexicanos sin Fronteras”, organización no gubernamental dedicada a proteger los derechos de los indocumentados en el condado, ubicado a dos horas al oeste de Washington DC.
El condado ha registrado un marcado descenso en el número de mexicanos y salvadoreños, según asegura un estudio de la Universidad de Virginia realizado en diciembre de 2010.
“El crecimiento en la población hispana del condado se ha estancado. Mientras el condado de Prince William representó el mayor crecimiento de la población hispana en la zona entre 2000 y 2006, desde la aprobación de la ley todo el crecimiento hispano se ha ubicado afuera”, estimó la Universidad, que calculó que aproximadamente 7 mil 400 indocumentados prefirieron abandonar el área a seguir siendo blanco de una de las leyes más restrictivas del país.
La ley, conocida como “Acta de Estado de Derecho de Virginia”, fue aprobada en julio de 2007, después de que miles de migrantes mexicanos, atraídos por los abundantes empleos en la industria de la construcción de mansiones, se mudaran al área y cambiaran su composición racial, anteriormente caucásica en su mayor parte.
Entre otras previsiones, el acta incluye una cláusula que ha permitido a la Policía actuar a manera de agentes de la migra: pide revisar el estatus migratorio de cualquier persona “si existe una sospecha fundada” de que carece de papeles.
En abril de 2008, el condado firmó un acuerdo 287G con el Departamento de Seguridad Interna, mediante el cual la cárcel local, la oficina del sheriff y el departamento de Policía accedieron a revisar el estatus migratorio de cualquier persona detenida, sin importar la gravedad de la infracción.
“Ha sido una política de forzar a los indocumentados a dejar la zona a través de una presión constante, desgastante”, dijo Steinbach.
No nos quieren aquí
Salvador Roldán, activista mexicano en la zona, asegura que la situación ha llegado al punto de ser “insostenible” para los indocumentados, muchos de los cuales han preferido regresar a México o mudarse a otros estados de EU ante el temor de ser detenidos.
“Hace unos días arrestaron a unos muchachos por conducir sin licencia. La vida aquí se ha vuelto muy difícil porque tenemos que estar cuidando constantemente nuestro estatus migratorio. Lo primero que hacen siempre es pedirnos nuestros papeles”, dijo.
Poco a poco, el terreno de la comunidad migrante, su libertad de acción, se reduce en la zona. Recientemente, se expulsó a los trabajadores indocumentados del estacionamiento del 7-11 ubicado en la avenida Jefferson Davies, principal punto al que acuden los contratistas en busca de mano de obra barata.
Por órdenes de la policía, los trabajadores no deben traspasar hacia el estacionamiento, considerado propiedad privada. En cambio, deben permanecer al otro lado de una reja, en un terreno baldío, lo que hace que sea más difícil verlos y, por ende, contratarlos.
A primera vista son pequeños cambios. Pero aunados a otros como la ley, la migratización de la policía local y la intención de prohibir las “casas comunales” —departamentos o casas en las que habitan más de cinco trabajadores para poder pagar la renta— poco a poco toma forma una especie de muro legal que cada vez hace el ambiente lo más hostil posible.
“No nos quieren aquí”, dijo Roldán. “Ha habido muchas detenciones, de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, de mexicanos para ser deportados”.
“Indocumentados asesinos”
El modelo del Condado de Prince William está a punto de volverse estatal. Impulsada por el presidente de la Junta de Supervisores, Corey Stewart, una campaña denominada “Estado de Derecho en Virginia” fue lanzada a finales del año pasado para lograr que en 2011 todo el estado de Virginia adopte una ley similar a la del condado.
Stewart aseguró que la campaña tiene por meta “evitar que más personas sean asesinadas por indocumentados. De lo debemos a nuestros amigos muertos, a nosotros, a nuestras familias, detener la migración ilegal”.
Woodbridge, Virginia, Estados Unidos. Víctor Hugo Michel, enviado, Milenio, 15 de enero.
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