Cuba ordena cierre de salas de cine privadas

LA HABANA (Agencias).— El gobierno de Cuba ordenó ayer el cierre de las salas privadas de cine 3D que han proliferado en la isla en el último año, al tiempo que puso un plazo tope para acabar también con los comercios autónomos de venta de ropa y otros artículos importados.

En una disposición divulgada ayer por el diario Granma, el Consejo de Ministros de la isla subraya que los cines 3D y las salas de juegos de computación “nunca han sido autorizados”. También ratifica que la comercialización minorista de artículos importados, entre ellos los numerosos negocios privados de venta de ropa que han surgido en el país, es ilegal, tal como anunció ya sobre este caso el pasado septiembre.

La medida afecta a unas 20 mil personas vinculadas a estas actividades. En los últimos años, después de que el gobierno de Raúl Castro ampliara el trabajo privado en 2008, los cines 3D, establecidos principalmente en La Habana, y la venta de ropa, zapatos y accesorios importados, proliferaron con éxito a pesar de no existir licencias específicas para esas actividades.

La nota oficial publicada ordena que “la exhibición cinematográfica (incluye las salas de 3D) y los juegos computacionales, cesarán de inmediato en cualquier tipo de actividad por cuenta propia”. Hasta el momento muchos de esos negocios funcionaban con licencias como “operador de equipos de recreación infantil” y otras que les permitían ofertar servicios gastronómicos.

Buena parte de su éxito y novedad fue que introdujeron al país la tecnología de proyección 3D, una opción que todavía no se ha extendido a las salas cinematográficas estatales, las únicas permitidas por el gobierno. Por su parte, los comerciantes de mercancías importadas habían operado hasta ahora bajo el amparo de licencias de “modisto” o “sastre” y “productor vendedor de artículos varios de uso en el hogar”, permisos que en rigor no contemplan la importación de esos productos, si bien la actividad fue tolerada en los últimos años.

“Se ha manifestado por un número considerable de trabajadores el interés de que se conceda un plazo para liquidar los inventarios. Con ese propósito se ha aprobado excepcionalmente que puedan realizarlo hasta el 31 de diciembre del presente año”, precisó este sábado la nota del Consejo de Ministros.

El gobierno estableció, además, que quienes no continúen en esas actividades “porque ciertamente nunca se enmarcaron en el alcance definido o simplemente no ejercen esos oficios” deben devolver sus licencias en enero de 2014.

El Universal, 3 de noviembre.