Un jugador podrá ir por 2 cadenas de tv

Televisa, Grupo Carso y sus filiales Inbursa yAmérica Móvil no descartan interponer amparos indirectos contra la resolución de agentes económicos preponderantes que tomó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) respecto a estas empresas.

Sobre esta postura, Gabriel Contreras, presidente del regulador dijo que “las resoluciones del Instituto son recurribles por juicio de amparo, hay la posibilidad”.

Sin embargo, recordó que las decisiones del Instituto no pueden suspenderse, por lo que deben ser acatadas por las empresas mientras se llevan a cabo los juicios.

“Vamos a analizar con detenimiento cualquier acción o medida (legal, de negocios o de otra naturaleza) que Grupo Televisa deba tomar o implementar con respecto a las mismas”, informó la empresa en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

José Luis Benavides, abogado especialista en telecomunicaciones, comentó que es muy probable que las empresas interpongan recursos jurídicos por haber sido consideradas como preponderantes.

“Es altamente probable, dependerá de cada caso en particular y del porcentaje de mercado que les esté afectando”, indicó Benavides.

De acuerdo con el análisis financiero de Alik García de Intercam, las medidas impuestas por el Instituto a la televisora en cuanto a compartición de la infraestructura con las empresas que así lo soliciten y los candados en materia de exclusividad de contenidos, afectarán a la empresa reduciendo su número de televidentes y afectando a su segmento de televisión de paga.

Sobre el contenido exclusivo que se transmita en el país, el tipo de programas que no podrán adquirir ni Televisa ni América Móvil son eventos como: la liguilla de los torneos de futbol profesional nacional, las finales de los mundiales de futbol de la Federación Internacional de Futbol Asociación, los eventos deportivos de los Juegos Olímpicos de verano e invierno, las ceremonias de inauguración y clausura de estos juegos, los juegos de las selecciones nacionales de futbol y los “play offs” de la liga mexicana de béisbol del Pacífico.

En tanto, Grupo Carso y sus filiales Grupo Financiero Inbursa y América Móvil, informaron que tomarán medidas al respecto.

“La resolución notificada se encuentra siendo analizada desde la perspectiva económica, técnica, regulatoria, operativa y comercial por AMX y sus subsidiarias a efecto de poder conocer los impactos que pudiera tener”, informaron las empresas del Grupo Carso.

En el caso de América Móvil, el regulador le impuso obligaciones en materia de interconexión, compartición de infraestructura, desagregación de la red local, servicios mayoristas, roaming, operadores móviles virtuales, comercialización de servicios, contenidos audiovisuales, así como en información.

Respecto a los usuarios, Telmex y Telcel, filiales de América Móvil, deberán sujetarse a un control tarifario y se establecen obligaciones en la comercialización de productos y servicios, considerando también que tendrán que entregar información sobre calidad del servicio.

Respecto a la declaratoria de preponderancia de Grupo Carso e Inbursa, explicó que se debe a que forman parte del mismo grupo económico que América Móvil y tienen operaciones relacionadas con estas empresas y mencionó que en el caso de Grupo Televisa también se incluyó aproximadamente otras 30 compañías, entre filiales y subsidiarias, como preponderantes.

Las obligaciones impuestas por el IFT a las empresas comenzarán a operar en 30 días hábiles después de que las compañías fueron notificadas, aunque hay algunos procesos que llevarán más tiempo por el tipo de acciones administrativas y de infraestructura que tienen que realizar Televisa y América Móvil.

“No son de un día para otro, se tiene un periodo de 30 días para que las empresas puedan actualizar sus sistemas”, subrayó el presidente del regulador.

Cada dos años había una revisión de las obligaciones pudiendo adicionar otras o suprimirlas, detalló Contreras.

En cuanto a la investigación sobre la relación Telmex-Dish, Contreras señaló que ya recibieron documentación por parte de las empresas que será analizada por el órgano regulador.

Carla Martínez, El Universal, 8 de marzo.