Golpe del Tribunal Supremo venezolano al derecho a protestar

Un fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela puso ayer un nuevo obstáculo al entendimiento que con mediación del Vaticano y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) intentan la oposición moderada y el Gobierno de Nicolás Maduro.

La sentencia, que interpreta, a solicitud de un alcalde chavista, un artículo de la Constitución y cinco artículos de la Ley de Partidos Políticos, limita el derecho a la manifestación pacífica que deberá a partir de ahora contar con el permiso de la alcaldía, como informa el diario El País.

Esta decisión abre la puerta a la policía para intervenir en cortes de carretera y barricadas que durante los dos últimos meses caracterizan la protesta de la oposición venezolana.

“Cualquier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente con el aval previo por parte de la respectiva autoridad competente para ello, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales, (...) actúen dispersándola con el uso de los mecanismos más adecuados para ello”, señaló el tribunal según la nota de prensa.

“No es absoluto”. Según el Supremo, el derecho a la manifestación “no es absoluto” y ordena a los alcaldes ayudar a los cuerpos de seguridad en esa tarea.

Hasta ahora los municipios gobernados por la oposición se limitaban a custodiar a los manifestantes evitando confrontaciones. Para justificar ese comportamiento aseguraban que sus policías municipales no tenían facultad para dispersar protestas y además carecían de los equipos para hacerlo.

“Grave violación”. La oposición venezolana consideró que la sentencia del Supremo vulnera la Carta Magna y limita derechos de los ciudadanos.

“La sentencia dictada por la Sala Constitucional del TSJ representa una grave vulneración de las garantías democráticas que sustentan la República”, afirmó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que engloba la mayoría de los partidos de oposición, a través de un comunicado.

Para la MUD, la sentencia modifica “inconstitucionalmente” el derecho de los ciudadanos y “desarrolla una visión autoritaria o represiva sobre la presencia de la ciudadanía en lugares públicos”.

La Crónica, 26 de abril.