CARACAS (Agencias).— El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió ayer un fallo que limita las manifestaciones pacíficas espontáneas, lo que dará luz verde a la policía para dispersar y reprimir cualquier protesta que no cuente con el permiso de las autoridades.
El TSJ dictaminó que la falta de autorización a las protestas limita de “forma absoluta el derecho a la manifestación pacífica”, el cual está previsto en la Constitución. El fallo fue difundido cuando se cumplen 70 días de protestas contra el gobierno, que han dejado 41 muertos y cientos de heridos que comenzaron el 12 de febrero.
La Sala Constitucional del TSJ se pronunció sobre una interpretación solicitada por un alcalde oficialista de la región central de Carabobo sobre los alcances del artículo constitucional que garantiza el derecho a la protesta.
Aunque la Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a “manifestar pacíficamente y sin armas”, el TSJ respondió que esa garantía “no es un derecho absoluto”.
Los universitarios que encabezan las manifestaciones de rechazo al gobierno dijeron que planean marchar en el municipio Libertador, que incluye el centro y el oeste de Caracas, aun si el alcalde Jorge Rodríguez se niega a autorizar la movilización.
En la jornada de ayer, en un acto con agentes graduados de la Policía Nacional, el presidente Nicolás Maduro declaró que las protestas contra su gobierno fueron derrotadas. Además, llamó a los empresarios a construir una “nueva economía” venezolana que convierta al país en una “potencia productiva”.
En tanto, la tercera reunión entre el gobierno venezolano y la oposición, en el marco del diálogo para buscar una salida a la crisis política que vive el país, se cerró ayer con la creación de tres mesas de trabajo y el acuerdo de reunirse más de una vez por semana para agilizar las decisiones. Entre las mesas de trabajo destaca la encargada de formarla Comisión de la Verdad que investigará los hechos violentos ocurridos en las protestas y la que tratará la propuesta de una ley de Amnistía, que el gobierno rechaza.
El Universal, 25 de abril.
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