El gobierno venezolano reiteró hoy su llamado al sector privado del país para incrementar e incentivar la actividad productiva, con el objetivo de responder a la demanda de la población y avanzar hacia un nuevo modelo económico, en el contexto de la segunda fase de la ofensiva económica
que impulsa el presidente Nicolás Maduro.
En el estado de Zulia, el vicepresidente Jorge Arreaza instó a los empresarios a sumarse a esta labor cuyo objetivo es superar el modelo rentista petrolero y avanzar hacia los requerimientos del mercado interno. Pidió a los empresarios de la zona no caer en aprehensiones
ni temer a la Ley de Costos y Precios Justos, y dijo que el gobierno está listo para comprar toda la producción nacional
.
Arreaza encabezó los trabajos de un grupo de ministros que emprendieron un recorrido por varias regiones para instalar la Conferencia Económica de Paz. El vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, abogó en esta línea en el estado de Monagas por diversificar la productividad para satisfacer las demandas internas y promover la exportación.
Aseguró que la escasez de productos básicos en Venezuela tuvo una reducción en marzo al ubicarse en 26.9 por ciento, luego de haber alcanzado un récord de 29.4 por ciento el mes anterior. Agregó que en esta nueva ofensiva económica el gobierno dará prioridad a la producción de unos 25 productos de alimentos y varios de higiene personal, limpieza, transporte, medicinas y equipos de salud.
El ministro para Industrias, José David Cabello, otro de los participantes en estas jornadas en el costero estado de Aragua, reafirmó la disposición gubernamental a otorgar financiamiento a las empresas locales para impulsar la producción nacional. Apuntó que el gobierno de Maduro cuenta con recursos del Fondo de Desarrollo Nacional, el fondo chino y la banca pública y privada.
Mientras, se informó que el jefe del concejo del municipio caraqueño de Libertador y dirigente chavista, Eliécer Otaiza, fue asesinado de cuatro balazos. El cuerpo de la víctima, un militar retirado que había sido declarado desaparecido el viernes, permaneció tres días en una morgue tras su hallazgo en el municipio de El Hatillo, en el este de Caracas.
Unos 100 estudiantes se encadenaron frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas, en rechazó a un fallo del máximo tribunal de justicia que obliga a pedir autorización para protestar en las calles.
La Jornada, 29 de abril.
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