El ministro Sergio A. Valls Hernández desechó por notoriamente improcedente la controversia constitucional que presentó el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, contra las reformas aprobadas en el Distrito Federal que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parte de éstos.
Con esto suman cuatro las controversias presentadas por gobernadores y desechadas por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien únicamente ha admitido la promovida por el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, el pasado 28 de enero.
Las otras corresponden a Morelos, Guanajuato y Tlaxcala.
Valls Hernández consideró que el gobierno de Sonora no está legitimado para controvertir dichas leyes, porque no afecta en nada su competencia, ya que las modificaciones a la ley aplican en el Distrito Federal.
“Por tanto, al no existir un principio de agravio en el ámbito competencial del Poder Ejecutivo de Sonora, tampoco existe la posibilidad para que el mismo promueva de manera directa controversia constitucional en defensa de derechos de tutela individual relativa al estado civil de las personas”, señala el acuerdo emitido por el ministro.
En enero pasado la Procuraduría General de la República impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ley que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por parte de éstos, estatuto que aprobó la mayoría perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Tras presentar una acción de inconstitucionalidad, la Representación Social de la Federación argumentó que las reformas a los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, que regulan las figuras del matrimonio y la adopción, violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la acción de inconstitucionalidad, la PGR señaló que el artículo 146 del citado código contraviene el principio de legalidad, pues la reforma se aparta del fin constitucional de protección de la familia concebida expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974.
De igual manera, la modificación que realizó la ALDF parte de la tesis de que no existía protección legal del ejercicio de los derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo y que desean fundar una familia.
“Ello no es exacto, pues en el Distrito Federal existe, desde 2006, la institución jurídica de la sociedad de convivencia, que tutela prácticamente los mismos derechos que el matrimonio, salvo los relacionados con la procreación y la descendencia”, puntualizó la PGR.
México/Rubén Mosso, Milenio, 24 de febrero.
Con esto suman cuatro las controversias presentadas por gobernadores y desechadas por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien únicamente ha admitido la promovida por el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, el pasado 28 de enero.
Las otras corresponden a Morelos, Guanajuato y Tlaxcala.
Valls Hernández consideró que el gobierno de Sonora no está legitimado para controvertir dichas leyes, porque no afecta en nada su competencia, ya que las modificaciones a la ley aplican en el Distrito Federal.
“Por tanto, al no existir un principio de agravio en el ámbito competencial del Poder Ejecutivo de Sonora, tampoco existe la posibilidad para que el mismo promueva de manera directa controversia constitucional en defensa de derechos de tutela individual relativa al estado civil de las personas”, señala el acuerdo emitido por el ministro.
En enero pasado la Procuraduría General de la República impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ley que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por parte de éstos, estatuto que aprobó la mayoría perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Tras presentar una acción de inconstitucionalidad, la Representación Social de la Federación argumentó que las reformas a los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, que regulan las figuras del matrimonio y la adopción, violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la acción de inconstitucionalidad, la PGR señaló que el artículo 146 del citado código contraviene el principio de legalidad, pues la reforma se aparta del fin constitucional de protección de la familia concebida expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974.
De igual manera, la modificación que realizó la ALDF parte de la tesis de que no existía protección legal del ejercicio de los derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo y que desean fundar una familia.
“Ello no es exacto, pues en el Distrito Federal existe, desde 2006, la institución jurídica de la sociedad de convivencia, que tutela prácticamente los mismos derechos que el matrimonio, salvo los relacionados con la procreación y la descendencia”, puntualizó la PGR.
México/Rubén Mosso, Milenio, 24 de febrero.
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