Avanza en Venezuela la Ley Habilitante

CARACAS.- La Asamblea Nacional venezolana aprobó ayer con el mínimo indispensable de apoyos y en la primera de dos votaciones, dar superpoderes al Presidente Nicolás Maduro.

A tres semanas de cruciales elecciones municipales y con una economía golpeada por un 54 por ciento anual de inflación, sequía de divisas y problemas de abasto de algunos productos, Maduro quiere gobernar un año por decreto.

Pretende, dice, revitalizar la golpeada economía del país y atajar la corrupción.

El diputado 99, Carlos Flores, apareció ayer en la Asamblea Nacional para darle con su voto al Presidente la oportunidad de legislar durante un año a partir de la próxima semana, cuando tendría lugar la segunda votación que oficializa los poderes.

Todo ocurrió como se anticipaba. El chavismo ha podido salvar con éxito la primera discusión del proyecto de Ley Habilitante con la inestimable contribución de Flores, suplente de la parlamentaria disidente María Mercedes Aranguren, despojada el martes de su inmunidad por supuestos actos de corrupción.

La atención estaba concentrada en este hombre moreno y fornido tras la decisión de contar voto a voto el respaldo y el rechazo a la propuesta.

Cuando el secretario mencionó a Flores la bancada opositora volteó hacia su asiento para echarle en cara su traición. El oficialismo, en tanto, lo aplaudía. La transmisión de la televisión no permitió apreciar lo que dijo antes de apoyar la propuesta, pero nadie dudó cuando el secretario dijo: "El diputado ha dicho que sí".

Así, el chavismo ha hecho los deberes para entregarle a Maduro las facultades para legislar que solicita desde septiembre.

Con la primera discusión de la Ley Habilitante, comenzó la cuenta atrás para imponer por decreto presidencial la regulación de todos los bienes y servicios que circulan en Venezuela, lo que se espera que haga el Mandatario cuando tenga poderes especiales.

La primera ley que el Ejecutivo aprobaría será un proyecto que establecerá precios, costos y ganancias máximas en bienes y servicios. Aunque ya existe una Ley de Costos y Precios Justos, el Gobierno pretende ir hasta donde nunca había ido al establecer límites al porcentaje que les queda a los comerciantes.

La ley, sin embargo, ignora adrede cómo funciona el modelo económico bolivariano.

Para que los empresarios traigan mercancía al país -Venezuela importa 96 por ciento de lo que consume-, el Gobierno les asigna dólares subsidiados con la esperanza de que obtengan un margen razonable de ganancia.

Pero la imposibilidad de liquidar a tiempo las peticiones obliga al importador a acudir al mercado negro para reabastecerse. El coste de reposición se calcula con el precio del mercado negro, que esta semana multiplicaba hasta por 10 el valor de la divisa controlada.

Reforma, 15 de noviembre.